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Industria pide a Torrot que justifique el dinero público que recibió para su inversión en Cádiz
La empresa solicitó a mediados de 2019 del Ministerio una moratoria de las condiciones para afrontar el pago de los 8,5 millones de euros La inspección dio un aplazamiento, pero tendrán que arrancar el proyecto en febrero y justificar la ayuda en mayo de este año
Miércoles 8 de enero de 2020, por CGT DELPHI
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El Ministerio de Industria ha puesto fecha a la inversión de Torrot en Cádiz y ha fijado plazos a la dirección de la compañía para que justifique los 8,5 millones de euros de ayuda pública que recibió en 2017 para sacar adelante el proyecto gaditano del Velocípedo. Torrot, a través de la sociedad Antimine SL, solicitó apoyo financiero público para levantar y equipar su nueva fábrica de motos eléctricas en el antiguo complejo de Altadis, en la Zona Franca. Esta subvención pública formaba parte de los 17 millones de euros de inversión que necesitaba Torrot para poner en marcha en Cádiz una cadena de producción de motos eléctricas urbanas de grandes prestaciones. Esta iniciativa industrial suponía la creación de un centenar de puestos de trabajo y el desarrollo de una novedosa idea para la movilidad urbana.

Sin embargo, los planes de Torrot se torcieron el pasado verano cuando la compañía se vio obligada a presentar un ERTE para su plantilla en las instalaciones de Gerona y entre la media docena de trabajadores que abanderaban el proyecto de Cádiz. Además, Torrot tuvo que vender a la austriaca KTM el 60% de sus acciones para sobrevivir ante una deuda de 22 millones de euros que hacía inviable cualquier movimiento.

Ante esta situación, los gestores de Torrot comunicaron al Ministerio de Industria, según fuentes ministeriales, las dificultades económicas por las que atravesaban solicitando por ello un aplazamiento de las condiciones económicas que recoge la ayuda suscrita con cargo al Plan Reindus de 2017. Industria ha confirmado a LA VOZ que la inspección del Reindus autorizó a mediados de 2019 ese aplazamiento, sin embargo, Torrot debe cumplir con una serie de requisitos. Así, industria ha establecido una serie de plazos. Este periódico ha podido saber que la compañía debe arrancar su inversión en Cádiz el próximo febrero para poder cumplir con Industria y justificar en mayo el dinero de la ayuda pública que recibió, de lo contrario Industria solicitará su reembolso.

El proyecto industrial gaditano quedó en el aire el pasado junio por serios problemas financieros de la empresa Torrot ha reconocido que el origen de sus problemas económicos sobrevino a raíz del incendio que sufrió su factoría de Salt, en Gerona, en mayo de 2018.

El estado de la inversión de Torrot en Cádiz ha generado preocupación entre los agentes sociales y en especial entre la delegada de Zona Franca, Victoria Rodríguez, que no ha recibido aún respuesta de los ejecutivos de la compañía para evaluar el futuro de sus planes en la Bahía de Cádiz. No hay que olvidar que Zona Franca es la propietaria del complejo industrial de Altadis y es quien arrendó a Torrot a finales de 2017 una de las naves del citado complejo para sacar levantar la factoría.

Aval en Zona Franca Desde Zona Franca se ha puesto de manifiesto que Torrot, cuando firmó el contrato de arrendamiento, depositó un aval y, de momento, «cubre gastos de alquiler». Sin embargo, Zona Franca tuvo que invertir 1,5 millones de euros en mejorar el entorno de la nave que iba a ocupar la factoría de Torrot y también en la instalación de una nueva red eléctrica para garantizar el funcionamiento de la factoría.

Torrot declaró un ERTE el pasado junio y vendió el 60% de sus acciones a la austriaca KTM Cabe recordar que el CEO de Torrot, Iván Contreras, realizó el pasado febrero un acto simbólico de inicio de obras en la planta de Altadis con asistencia de los consejeros de Presidencia, Elías Bendodo, y de Economía, Rogelio Velasco. En ese acto se anunció que la planta entraría en funcionamiento a primeros de 2020 con una primera producción de velocípedos y medio centenar de trabajadores. La empresa entró en barrena en julio, con la aplicación de un ERTE por seis meses, y en octubre fue cesado Contreras de sus funciones ejecutivas. La empresa insistió en que la inversión de Cádiz estaba viva, pero había que esperar al desarrollo de los acontecimientos.

Ahora, la empresa ha confirmado a LAVOZ que la relación con Zona Franca es fluida y que negocia con un inversor la puesta en marcha del proyecto gaditano.

Torrot-Gas Gas, nombre completo de la firma especializada en motos de trial, arrastraba una deuda de 23 millones de euros y sus ventas bajaron de un 39,3 millones de euros de facturación en 2017 a 22 millones de euros en 2018. Ante tal situación, se pactó en la factoría de Salt (Gerona) hacer efectivos 20 despidos (14 de la sección de motos eléctricas y otros seis de la marca Gas Gas) para intentar mejorar la situación financiera de la empresa. El ERTE también se extendió a la oficina comercial que la empresa tiene en Cádiz.

La producción del Velocípedo gaditano estaba prevista para primeros de 2020 La integración de Torrot en la multinacional KTM, con una facturación de 1.500 millones de euros al año y presente también en diferentes competiciones deportivas, ha sido el salvavidas para Torrot-Gas Gas que, no sólo le ha permitido contar con financiación durante estos seis últimos meses sino que, además, se ha podido beneficiar de sinergias y desarrollos de KTM. Por su parte, KTM se ha beneficiado del ‘know how’ de Torrot en los nuevos servicios de movilidad y en la electrificación.

Sin embargo, la capacidad de decisión de los Contreras, Iván y Rafael, ejecutivos de Torrot, se ha visto reducida tras la venta de más de la mitad de sus acciones.

Black Toro mueve los hilos La historia más reciente de Torrot no se entiende sin el apoyo financiero de la sociedad de capital riesgo Black Toro, presidida por Ramón Betolaza. Esta sociedad inyectó 24 millones de euros a primeros de 2016 para afianzar el crecimiento de Torrot. Ese mismo año, la empresa que dirigía Iván Contreras, afrontó una ampliación de capital por valor de 24 millones de euros.

Torrot se fundó en 1948 y desde 2015 era propiedad de Iván Contreras. Según fuentes de la empresa consultadas por LA VOZ, Iván Contreras sigue como socio inversor de la compañía, pero sin responsabilidad ejecutiva.

El futuro, por tanto, de la inversión gaditana esta en manos de esta sociedad, principal responsable del 40% que ha quedado fuera de la operación de venta de acciones a la austriaca KTM. Precisamente, Black Toro ha confirmado a este periódico que busca un inversor que afronte el proyecto gaditano.

La compañía aclara que la relación con Zona Franca es fluida y negocia con un inversor el proyecto del Velocípedo La puesta en marcha de la factoría gaditana y el alumbramiento del Velocípedo han tenido tres fechas clave. Así, en noviembre de 2017, Torrot presentó en sociedad el Velocípedo en el Salón de la Moto EICMA de Milán, donde se exhibió un nuevo concepto de transporte urbano. La acogida de esta singular moto eléctrica a nivel mundial aceleró los planes de la compañía y el 30 de enero de 2018 el CEO de Torrot, Iván Contreras, y el entonces delegado de la Zona Franca, Alfonso Pozuelo, firmaron el contrato de alquiler de una de las naves de Altadis para ubicar allí la fábrica de Torrot que desarrollará el Velocípedo. El tercer hito de relevancia de la firma tuvo lugar el 12 de marzo de 2018 en Sevilla durante la celebración de la feria tecnológica, la ‘Andalucía Digital Week’. La imagen de don Felipe al mando de la motocicleta fue un espaldarazo al proyecto gaditano. A mediados de abril de 2018 arrancaron las obras de urbanización de la nueva planta de Cádiz, en la antigua Altadis, y el CEO no dudó en organizar una visita a las instalaciones con proveedores y inversores.

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