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La Junta denuncia listas de espera ocultas en dependencia
De las más de 15.000 personas en Cádiz pendientes de la Ley de Dependencia, 2.000 no constan «en ningún sitio», pese a haberlo solicitado
Jueves 21 de marzo de 2019, por CGT DELPHI
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«Después de dos meses en San Telmo hemos encontrado listas de espera manipuladas en Sanidad y también listas de espera ocultas en dependencia. Esta es la herencia recibida. Lo que era una sospecha, se ha confirmado», así de clara se ha mostrado la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, en una rueda de prensa convocada este miércoles para tratar el tema.

Según los datos ofrecidos por la delegada provincial de la Junta en Cádiz hay un total de 15.665 personas pendientes de resolver su situación en materia de dependencia (que suponen el 14,3% del total andaluz). Pero, la «sorpresa» ha llegado al comprobar que hay «una lista de espera A, con 13.609 personas pendientes» y una «lista de espera B, con 2.056 personas sin que constaran en ningún sitio. No constaban como solicitantes pero sí lo habían pedido».

Extrapolando estas cifras al resto de Andalucía, en toda la comunidad autónoma hay en la actualidad 109.407 personas en lista de espera para la Ley de Dependencia y, de ellas, 34.373 están en esta «lista B» oculta.

«Peor de lo que nos esperábamos» Unos «datos alarmantes en materia de dependencia», como ha definido la delegada de la Junta. «Lo que nos hemos encontrado es un fraude económico y social a los andaluces», ha dicho Ana Mestre. «La incapacidad e inacción» del anterior gobierno socialista «ha propiciado que la historia sea peor de lo que esperábamos», ha asegurado.

A esto hay que sumar otro dato proporcionado esta mañana por la delegada, que Cádiz es la provincia andaluza con el número más elevado de dependientes de grado 3 (el mayor) reconocidos, 1.717 personas, pero sin los servicios. Es decir, que tienen un gran grado de dependencia pero que no pueden beneficiarse de los servicios de la Ley de Dependencia que les corresponden porque están a la espera de que resuelvan sus expedientes.

Para hacer frente a estas listas de espera el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó este martes un ’plan de choque’ dotado con 77 millones de euros, «que pretende invertir la situación que se está padeciendo en materia de dependencia», ha afirmado Ana Mestre. «No contábamos con la lista de espera B, que no se contabilizaba, que es lo más grave», ha declarado la delegada.

Más de 70 millones de euros que se utilizarán para llevar a cabo una serie de «medidas urgentes» que ha desglosado el delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Miguel Andreu Estaún. Estas serán potenciar la digitalización, facilitar la interoperabilidad con otros sistemas, revisar los protocolos de actuación, mejorar la coordinación entre la Consejería Social y de Salud, implantar un sistema integral de gestión de dependencia, potenciar la ventanilla electrónica y acelerar la incoporación al sistema de las personas que tienen grado 1 de dependencia. El objetivo, en palabras de Andreu, «minimizar los tiempos de espera como sea».

«Los expedientes están colapsados» Todas estas medidas, ha asegurado el delegado territorial de Políticas Sociales, «esperamos que funcionen en un periodo corto de tiempo». Porque lo que se trata es de «dar respuesta rápida», por ello «las entidades debemos estar coordinadas», ha dicho al respecto Ana Mestre. Al tiempo que ha matizado que estos 77 millones de euros es la inversión en Andalucía para las medidas que serán «transversales» para todas las provincias.

«Nos encontramos 500.000 personas ocultas en lista de espera en sanidad y ha pasado lo mismo en dependencia», ha afimado la delegada de la Junta en Cádiz. «Los expedientes están colapsados, bloqueados. No les han dado curso por falta de medios. Obviaban la lista de espera. Se sabía que había pero hemos descubierto que había más de lo que pensábamos», ha subrayado.

En referencia a las declaraciones realizadas ayer por el portavoz de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, señalando que que los anteriores gobiernos socialistas dejaron sin ejecutar 26.923 millones de los presupuestados en la última década (unos 2.100 millones al año), Ana Mestre ha subrayado que esta «falta de ejecución presupuestaria ha recaído» también en la falta de servicios de «dependencia», así como «en políticas en empleo o infratestructuras educativas y sanitarias», por ejemplo.

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