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Jueces y fiscales mantienen vivas las macrocausas de Mercedes Alaya cuatro años después de su marcha
Casos ERE, Formación, Faffe, Avales, Santana... La mayor parte de las investigaciones que destapó la juez siguen instruyéndose y juzgándose
Domingo 7 de abril de 2019, por CGT DELPHI
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«Las macrocausas no son casi nunca el capricho de un juez, que nada puede hacer sin una acusación. Las impone como una necesidad la corrupción». La cita es de Miguel Ángel del Arco, el juez instructor de sumarios complejos y mediáticos como el fraude de las entradas de la Alhambra o el centro comercial Nevada, un caso que ha pasado a la historia como uno de los errores más caros de la Junta, condenada a pagar 165 millones de euros.

Las macrocausas de corrupción que destapó la juez Mercedes Alaya no surgieron, en efecto, por generación espontánea ni por una confabulación política. Tampoco, por el capricho de una juez que osó levantar las alfombras de la poderosa estructura de poder del PSOE en la única región con cero alternancia política.

A despecho de los vaticinios de las defensas y acusados, la mayoría de sumarios han sobrevivido a la juez que los abrió cuando están a punto de cumplirse cuatro años desde su marcha. Se han saldado de momento con cinco juicios, dos de ellos con condenas, otros dos con fallos absolutorios a todos los acusados (para Manuel Ruiz de Lopera en el caso Betis y el exconcejal Antonio Rodrigo Torrijos por la venta de suelos de Mercasevilla). Resta la llamada pieza política del caso ERE, que fue instruida por otro juez, juzgada por un tribunal y está a la espera de la sentencia.

El celo investigador de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla –que en abril de 2015 ganó una plaza como magistrada de la Audiencia de Sevilla– no habría llegado a ninguna parte si no hubiera habido abusos en la gestión de los fondos públicos que permitieron lucrarse a algunos aprovechados sin que nadie en el Gobierno andaluz les pusiera remedio durante una década.

Dinero perdido y sin recuperar En el escándalo de los ERE, las sospechas de la juez fueron confirmadas de inmediato por los funcionarios de la Junta, quienes, en su investigación reservada, detectaron que 196 personas, los llamados intrusos, cobraron prejubilaciones subvencionadas por la Consejería de Empleo en empresas donde nunca trabajaron. De hecho, el anterior Gobierno de Susana Díaz reclamó hasta 149 millones en ayudas para cursos de formación mal empleados y sólo ha recuperado 15. En el fraude de los ERE: de los 135,3 millones objeto de reintegros, apenas 6,7 han sido devueltos.

Los peritos de la Intervención del Estado, después de analizar las 270 empresas subvencionadas con el fondo de los ERE, acreditaron, sin género de duda, que todas las ayudas se dieron sin procedimiento legal y sin publicarse en el Boletín Oficial, lo que motivó que las empresas, que no los trabajadores, fueran escogidas caprichosamente para recibir esta pedrea de fondos en detrimento de otras 9.000 que tramitaron ERE entre 2000 y 2010.

El Consejo Consultivo de Andalucía –con mayoría de miembros propuestos por el PSOE– declaró nulas de pleno Derecho todas las ayudas directas a sociedades con cargo a este programa, concedidas a menudo sin un solo papel. La Guardia Civil avaló que el Consejo de Gobierno andaluz «conocía» el sistema de concesión, «lo amparó» y «cebó» el programa presupuestario que canalizaba los pagos por medio de la agencia, IDEA, para eludir el filtro de la Intervención tras sus reparos legales a la primera ayuda a Hamsa.

Otros jueces ven delito Las macrocausas de Mercasevilla, su secuela de los ERE, Formación, Faffe, Ojeda, Enredadera, Transferencias de Financiación, Avales I y II, Santana, las facturas falsas de UGT, Umax... siguen instruyéndose por otros jueces, por más que algunos investigados y empresas beneficiadas en la barra libre de ayudas quieran enterrarlos.

Instructores distintos a Alaya, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Supremo confirmaron indicios delictivos, incluida la juez sustituta, María Núñez Bolaños, quien, a pesar de sus archivos y demoras censuradas con insistencia por la Fiscalía y la Audiencia, mantiene abiertos la mayor parte de los sumarios que heredó.

Los fiscales sostienen que la opacidad del sistema de los ERE privó «de su derecho a acceder a estas ayudas a un número importante de trabajadores afectados» por reajustes. Entre 2000 y 2010, 120.829 trabajadores se vieron afectados por ERE en Andalucía, pero sólo 6.096 recibieron ayudas. El exvicepresidente Gaspar Zarrías comparó en el único juicio del caso ERE este cuestionado programa de la Consejería de Emplea con un fondo de emergencia en casos de terremotos. A la vista está que la catástrofe y sus cuidados paliativos fueron de los más selectivos.

Sin estas pruebas de contraste que han aplicado distintos jueces, fiscales, acusaciones, peritos y Guardia Civil, que están en las hemerotecas para cualquiera que quiera verlas sin los prejuicios del propio interés, estos casos se habrían esfumado como lágrimas en la lluvia. Pero no ha sido así.

Todo comenzó un 27 de enero de 2009. Acaba de cumplirse una década. Ese día, dos empresarios del grupo La Raza entregaron a Juan Gallo González, un alto cargo de Manuel Chaves, las cintas en las que dos directivos de Mercasevilla les pedían una comisión ilegal de 450.000 euros a cambio de una subvención de la Junta para montar una escuela taller de hostelería.

«La Junta colabora con quien colabora» En aquella grabación, cuyo contenido publicó en exclusiva ABC el 22 de abril de 2009, se escuchaban frases tan premonitorias como «laJunta de Andalucía tiene normalmente un esquema de funcionamientomuy simple: yo colaboro con quien colabora», que pusieron a la juez Mercedes Alaya sobre la pista del fraude de los ERE.

Aquel registro sonoro era la «piedra rosetta» de un modus operandi en el manejo de los fondos públicos caracterizado por las comisiones ilegales, el pelotazo urbanístico, la figura del conseguidor Juan Lanzas y el mercado de favores a través de las subvenciones a los cursos, que darían pie a una batería de diligencias. Por cierto, los dos responsables del mercado que exigieron la comisión, Fernando Mellet y Daniel Ponce, fueron condenados por dos tribunales a 21 meses de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 600.000 euros por un delito de cohecho. El Supremo absolvió al delegado de Empleo en Sevilla en 2009, el socialista Antonio Rivas, condenado en primera instancia.

De los cinco juicios que ha habido, dos se han saldado con condenas y otros tantos con absolución total. El quinto espera la sentencia El hilo que engarza casi todos los casos es el uso del dinero público con un objetivo político: preservar la paz social y la tranquilidad del Gobierno. En definitiva, el clientelismo como motor y el dinero público como combustible para permanecer en el poder. Irene Sabalete, la exdelegada de Empleo de la Junta en Jaén exculpada por la juez Núñez en la pieza política de Formación, lo resumió en otra grabación clandestina donde se dirige a sus trabajadores en vísperas de las elecciones autonómicas de 2012: «Lo tengo que decir muy claro: si no ganamos las elecciones, vosotros no vais a seguir trabajando en la Junta. Os quiero a todos en la calle haciendo campaña por el PSOE». Más claro no se puede decir.

Aquellas cintas premonitorias dieron paso a nuevas líneas de investigación entrelazadas como las cerezas en un cesto. Mercasevilla condujo a Alaya hasta el primer intruso en un expediente de regulación de empleo de la sociedad, Antonio Garrido Santoyo, dirigente del PSOE en Baeza.

Pronto, los intrusos se convirtieron en un aspecto menor de la trama. Detrás, había mucho más: hasta 741 millones de euros, según la Fiscalía, repartidos mediante un sistema «claramente ilegal» de ayudas que operó durante una década «a sabiendas de su injusticia», según recogió en una resolución el juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, que investigó a los cargos aforados. Barreiro avaló en parte la tesis de la instructora y apreció indicios de un delito de prevaricación en la gestión de los ERE por parte de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El antecesor de Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía incluso declaró que «todas estas ayudas concedidas de forma aleatoria y sin control merecen una responsabilidad política e incluso penal». El juez Álvaro Martín sentó a ambos en el banquillo, junto a 19 ex altos cargos más, catorce de ellos acusados también de malversación, en el único juicio de la macrocausa de los ERE que se ha celebrado después de más de ocho años de instrucción.

El tribunal debe decidir si el «método ERE» fue delictivo, como pensaba Alaya.Su sospecha fue avalada por los jueces Barreiro, Miguel Pasquau (TSJA) y Álvaro Martín, quien dictó el auto de apertura de juicio oral que Núñez elevó a la Audiencia de Sevilla al que ella le añadió un índice.

Hasta tres jueces, Barreiro, Pasquau y Martín, vieron indicios delictivos en el sistema de ayudas de los ERE, al igual que Alaya Desde su llegada al juzgado el 16 de junio de 2015, Núñez Bolaños, amiga del entonces consejero de Justicia Emilio de Llera, ha troceado la causa matriz de los ERE en más de un centenar de piezas sobre ayudas. De ellas, sólo están concluidas las piezas de Acyco y de Surcolor –instruidas por su juez de refuerzo, Álvaro Martín–, Cenforpre y la pieza separada contra Francisco Javier Guerrero y su exchófer.

Cuando llevaba dos años como titular del juzgado, Núñez aseguró que había acabado con «el atasco» de las macrocausas. La Fiscalía y las acusaciones no son de la misma opinión y se quejan del «estancamiento» de sus investigaciones, el archivo injustificado de causas y la exclusión masiva de ex altos cargos más allá de los límites que marcó la Sección Séptima de la Audiencia cuando determinó que los políticos se sometieran a un solo juicio en vez de decenas de ellos por cada una de las 270 ayudas irregulares.

La magistrada Núñez Bolaños está reescribiendo a marchas forzadas el relato de la trama judicial: los beneficiarios de ayudas e imputados han pasado a ser «víctimas»; los comisionistas, a hacer «una actividad lícita» y los atestados de la Guardia Civil son «erróneos». Pero esta realidad narrativa nueva está teniendo escaso eco. La Audiencia ha enmendado algunas de sus decisiones por ser «infundadas».

Políticos, fuera En el fraude de Formación, Alaya acusó al Gobierno andaluz de urdir una «red de clientelismo político» con el dinero repartido para cursos. Su sustituta, en cambio, archivó una pieza importante dentro de esta macrocausa en la que estaban investigados 24 excargos del Servicio Andaluz de Empleo alegando que sólo había un cúmulo de «desórdenes, incidencias e irregularidades». Lo había pedido la Fiscalía Anticorrupción.

No obstante, sobre este carpetazo aún no se ha escrito la última palabra. El PP andaluz, que ejerce la acusación popular en el caso, lo recurrió hace dos años y medio ante la Audiencia de Sevilla, que todavía no se ha pronunciado. Otro síntoma de lo desesperadamente lenta que puede ser la Justicia.

Hay otras piezas de esta macrocausa que irán a juicio, como la referida al consorcio de empleo de la Junta Formades, en la que Núñez, antigua juez de Familia, ha procesado a la exdirectora del consorcio y a tres empleados y exculpado a los políticos, 16 investigados, como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Cuatro años después de marcharse Alaya, la única certeza es que las macrocausas siguen inundando la crónica judicial y colapsando la Audiencia de Sevilla. Tal es atasco que el segundo juicio del caso ERE no arrancará dentro de año y medio. Y aún quedan decenas. Como dijo el magistrado Miguel Ángel del Arco, las causas no surgen por el capricho de un juez. Detrás hay otros instructores, fiscales, acusaciones, atestados policiales y pruebas que las avalan. Son una necesidad que viene impuesta por la corrupción.

La onda expansiva del sumario más corrosivo de la autonomía andaluza La onda expansiva del caso ERE no tiene parangón en la historia judicial. Al margen de la sentencia que redacte el magistrado Juan Antonio Calle Peña, nadie puede negar que ha provocado algo impensable hace una década. Ha hecho dimitir a un presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y renunciar a sus escaños en el Congreso a su antecesor, Manuel Chaves, y al hombre que más poder ha aglutinado en la Junta después de él, Gaspar Zarrías. Ha llevado al banquillo a seis exconsejeros, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, a quien le costó un puesto en el Banco Europeo de Inversiones en el que ganaba 23.000 euros al mes. La misión del periodismo es contarlo, como ha hecho ABC en las 152 sesiones del juicio. La del juez es impartir justicia. La de los abogados, ejercer la defensa o acusación. La del fiscal, mirar por el interés público de todos los ciudadanos.

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