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El PP denuncia ante Alaya dos ayudas a los Delphi y habla de siete intrusos
Viernes 8 de noviembre de 2013, por CGT DELPHI
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El PP denuncia ante Alaya dos ayudas a los Delphi y habla de siete intrusos

Los populares aseguran que dos subvenciones de 126 millones se aprobaron con informe contrario de la Intervención La Junta lo niega Redacción cádiz | Actualizado 08.11.2013 - 05:01 zoom

Imagen de archivo de una protesta de los extrabajadores de Delphi.

El PP informó ayer de que ha presentado una denuncia ante la juez que instruye los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, por dos acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de 2011 que concedieron dos ayudas de casi 126 millones de euros a los empleados de Delphi a pesar del informe contrario de la Intervención. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Economía negaron inmediatamente el argumento popular, y aseguraron que dicho informe de Intervención era favorable.

Fue la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez, quien explicó ayer en rueda de prensa en Motril (Granada) que en una de las ayudas, por valor de casi 65 millones de euros, se concedió "a pesar de que no había informe de fiscalización de la Intervención general de la Junta". La otra ayuda, por casi 61 millones de euros, "se otorgó con un informe de la Intervención contrario a la tramitación del ERE de Delphi", destacó Martínez. Ambos acuerdos, fechados el 12 de julio de 2011 y el 7 de diciembre de 2011, están firmados por el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el consejero de Empleo, Manuel Recio, "pero no se publicaron en el BOJA a pesar de su cuantía", criticó la dirigente del PP.

Los acuerdos se produjeron "cuando ya había estallado el caso de los ERE y el mayor conflicto laboral de Andalucía amenazaba con estallar justo antes de las últimas elecciones autonómicas, que ganó el PP y en las que el PSOE tuvo un castigo importante", resaltó.

Martínez explicó que la interventora firmó un informe advirtiendo de "graves irregularidades" en un ERE de 61 millones de euros, lo que trasladó al entonces viceconsejero de Empleo, y éste a la Consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, quien lo llevó al Consejo de Gobierno, "que conoció las ilegalidades". "A pesar de ello, el Gobierno andaluz acordó tramitar la póliza con el informe de intervención en contra", criticó ayer Martínez.

El informe de disconformidad subraya que tiene efectos suspensivos por las deficiencias que expone y pone de manifiesto "el cúmulo de irregularidades, la falta de expedientes de cada trabajador, y la inclusión de siete personas que no deberían figurar en la lista de prejubilados, dos porque estaban en otras empresas y otras cinco personas que se consideran intrusos en los listados".

El otro acuerdo de Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería de Empleo a refinanciar la póliza de seguros a favor de los extrabajadores de Delphi por importe de 64.800.981 de euros sin que conste el correspondiente informe de fiscalización de la Intervención General de la Junta.

Estos acuerdos demuestran que "el dinero de los ERE, en este caso el de Delphi, se utilizaban por el Gobierno andaluz para comprar la paz social, sin procedimiento, saltándose los controles de intervención y a pesar de que señalaban la presencia de intrusos y advertían de la falta de justificación".

La respuesta de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo fue rápida y contundente, al asegurar que es "absolutamente falso" que la Junta haya aprobado pólizas para los extrabajadores de Delphi "con informes en contra de la Intervención" o que esas pólizas "presentes irregularidades".

De esta forma, fuentes de la Consejería indicaron que "lo que se aprobó en Consejo de Gobierno cuenta absolutamente con la conformidad de la fiscalización de la Intervención de la Junta". Explicaron que "son dos pólizas que por su cuantía obligan a que la refinanciación fuera aprobada por Consejo de Gobierno", de forma que "se formularon con las garantías necesarias para que solo fueran beneficiarios de esas pólizas los trabajadores que cumplían con todos los requisitos".

De esta forma, tras asegurar que no hay ningún intruso ni ningún irregular en esas pólizas, la Junta aseveró que son pólizas contratadas "para garantizar el derecho de personas que cumplían con los requisitos y con derechos reconocidos" y que dichas pólizas "cuentan con el informe de fiscalización de la Intervención de la Junta".

La Junta detalló que una de las pólizas "tiene el informe de conformidad de la Intervención de julio de 2011", mientras que la segunda póliza "fue objeto de un informe de fiscalización con disconformidad en algunos aspectos de 15 de noviembre de 2011", de forma que "con posterioridad, el 24 de noviembre de 2011, la Dirección General de Trabajo de la entonces Consejería de Empleo emite un informe sobre las actuaciones solventadas contempladas en el informe de disconformidad, y posteriormente, el 29 de noviembre de 2011 se produce un informe de conformidad de la Intervención General". "Hubo subsanaciones que hacer, se hicieron y en 14 días se efectuó la corrección", finalizó.

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