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La sentencia del caso de los ERE sobre Chaves y Griñán se hará pública el próximo martes 19 de noviembre
El tribunal ha convocado a las partes a las 12.00 horas para notificarles la resolución por las ayudas irregulares, once meses después de acabar el juicio
Martes 12 de noviembre de 2019, por CGT DELPHI
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La sentencia del caso ERE contra los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía -entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán– se hará pública el próximo martes 19 de noviembre a las 12.00 horas.

Según han confirmado fuentes judiciales a ABC, a través de una providencia el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha convocado para el próximo martes 19 de noviembre a las partes, procuradores y acusados, para notificarles la resolución que determinará la responsabilidad penal de la antigua cúpula de la Junta de Andalucía en el diseño, organización, establecimiento y mantenimiento de un procedimiento específico con el que la Administración autonómica concedió ayudas irregulares por importe de 680 millones de euros entre 2000 y 2009, según la última cifra supuestamente defraudada aportada por la Fiscalía Anticorrupción en su informe final leído en el juicio.

En sus más de 1.700 páginas, el tribunal que preside Juan Antonio Calle Peña determinará si los expresidentes que gobernaron durante 23 años prevaricaron o/y malversaron fondos públicos mediante un sistema arbitrario y opaco de reparto de ayudas a extrabajadores y empresas en crisis que funcionó durante diez años.

El fallo se hará público mientras Pedro Sánchez negocia con los grupos políticos las formación de un nuevo gobierno tras las elecciones generales del 10 de noviembre pasado.

Como ha publicado ABC, este miércoles expira la última prórroga de 15 días que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) concedió al presidente de la sala, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, para dedicarse en exclusiva a redactar la sentencia de la pieza política de esta macrocausa de corrupción que sentó en el banquillo a 21 ex altos cargos autonómicos. Se enfrentan a penas que van de los 10 a los 30 años de inhabilitación y de entre seis y ocho años de cárcel.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular ejercida por el PP andaduz han pedido para el expresidente Griñán, de 73 años, una pena de seis años de prisión por malversación porque como consejero de Hacienda hizo sucesivas ampliaciones de la partida 31L que pagó las ayudas con fondos públicos que «nunca debieron salir de las arcas públicas». Manuel Chaves, a sus 74 años, podría ser inhabilitado durante una década para ejercer empleo o cargo público por el primero de los delitos.

Además de los expresidentes, están acusados seis exconsejeros socialistas como son Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Fernández, de los que resulta difícil encontrar una fotografía de la historia reciente de Autonomía donde no aparezcan. La resolución será también el desenlace al proceso contra una época en la Junta de Andalucía.

El próximo domingo se cumplirán once meses desde que el juez Calle Peña dejó visto para sentencia el juicio, que se prolongó durante un año y cuatro días y consumió 152 sesiones en las que se escucharon a unos 120 testigos. En enero próximo habrán pasado nueve años desde que la juez Mercedes Alaya abrió las diligencias previas 174/2011, el denominado caso ERE.

En el juicio, los fiscales Anticorrupción acusaron a la antigua cúpula de la Junta de diseñar y mantener durante una década un sistema que había desactivado los controles de los interventores para conceder ayudas a unas empresas en detrimento de otras, sin que se publicaran unos mínimos requisitos en ningún boletín oficial. Para los fiscales Anticorrupción, el «método ERE» representó «un ejercicio arbitrario de poder» que consumió al menos 680 millones que «nunca debieron salir de las arcas públicas» y que beneficiaron a algunas empresas, muchas de ellas administradas por empresarios cercanos a la órbita del PSOE, en detrimento de otras.

Falta de pruebas por escrito Las defensas de los acusados, en cambio, argumentaron que los hechos atribuidos a los ex altos cargos eran imprecisos y vagos, por lo que solicitaron la libre absolución.

Los letrados de los expresidentes y del resto de ex responsables autonómicos aseguraron que no hay pruebas por escrito que demuestren el conocimiento de las irregularidades y niegan que el procedimiento presupuestario y financiero creado para agilizar los pagos de ayudas fuera delictivo, aunque su ejecución dejara mucho que desear hasta propiciar la introducción de intrusos que nunca habían trabajado en ERE de empresas subvencionadas, el reparto de subvenciones anotadas en pósits, episodios sórdidos como compra de cocaína y regalos con dinero público por el chófer del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, o el pago de comisiones desorbitadas a conseguidores como Juan Lanzas.

El juez ponente Juan Antonio Calle Peña estaba liberado de otras funciones desde el pasado 26 de febrero para redactar la resolución. En septiembre renovó la dedicación exclusiva aprobada en febrero hasta el 26 de octubre. Agotado el plazo, volvió a concederle 15 días más. Esta resolución, que el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, definió como «la más complicada de la historia judicial de España», será determinante para conocer si el núcleo duro del antiguo régimen socialista andaluz estableció un artificio contable para repartir discrecionalmente dinero público.

La resolución marcará el devenir del resto de las 180 piezas que están instruyéndose, tantas como empresas fueron subvencionadas mediante este sistema bajo sospecha, dentro de esta gran causa contra la corrupción que afecta a la Junta de Andalucía en la etapa socialista.

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