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La UCO ratifica que el Gobierno andaluz "conocía" el sistema por el que se concedían las ayudas
Asegura que se otorgaban "sin control" alguno y por razones de "afinidad familiar, política o de amistad"
Lunes 30 de abril de 2018, por CGT DELPHI
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JORGE MUÑOZ sevilla, 30 Abril, 2018 - 12:40h FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS

Comentarios 4 Un comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ratificado este lunes el atestado elaborado en mayo de 2012 por el grupo de Delitos Económicos de esta unidad que concluye que todos los miembros del Consejo de Gobierno "conocían"el sistema ideado en 2001con el convenio marco entre la Consejería de Empleo y el IFA para el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

En su declaración como testigo, el comandante de la UCO ha explicado que llegaron a esta conclusión por las manifestaciones del interventor general de la Junta, Manuel Gómez, y del entonces viceconsejero y luego consejero de Empleo Antonio Fernández, al tiempo que también tuvieron en cuenta cómo se elaboraban las fichas presupuestarias y las modificaciones presupuestarias, así como por los asuntos que se trataban en la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta, conocida como “el consejillo”. En base a todo ello, ha aseverado, llegaron a la conclusión desde el punto de vista policial de que el sistema “era conocido” por el Consejo de Gobierno, y también era conocido el sistema por la Consejería de Economía.

MÁS INFORMACIÓN El conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas. El conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas. El conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas. / BELÉN VARGAS

La Guardia Civil dice que Lanzas cobró parte de una ayuda a cambio de trámites para su concesión El testigo también ha asegurado que, en su opinión personal, el “reiterado incumplimiento” que se producía a la hora de conceder las ayudas “hubiera requerido la formulación del informe de actuación” por parte de la Intervención General de la Junta, puesto que a juicio policial “el menoscabo de fondos públicos se da” con el pago de las subvenciones.

A su juicio, los expedientes de las ayudas "se instruían sin conexión con el presupuesto", por lo que las mismas "no podían ser fiscalizadas" por el interventor delegado en la Consejería de Empleo, que no podía revisar los expedientes porque estaba "desconectado" del presupuesto, mientras que el interventor delegado en IFA/IDEA confirmaba la recepción de los fondos a través de las transferencias de financiación y luego se aplicaban a los fines que Empleo determinaba.

En el marco de la concesión de las ayudas, una de las defensas ha interrogado al funcionario sobre quién era el responsable de que no se cumplieran los requisitos recogidos en el título VIII de la ley de Hacienda Pública y en el decreto de subvenciones del año 2001, a lo que el testigo ha respondido que el responsable es "el director general de Trabajo, entre otros". El abogado ha insistido sobre esos otros responsables y el testigo ha acabado incluyendo al "consejero de Empleo", a "los que idearon el sistema" y a los "firmantes del convenio, entre otros", en alusión a José Antonio Viera y Antonio Fernández, quienes suscribieron el convenio marco de 17 de julio de 2001 como consejero de Empleo y presidente del IFA, respectivamente.

El sistema, según sostiene el atestado –que cuenta con 304 folios y 49 anexos de documentación-, fue creado para facilitar el "descontrol absoluto de las ayudas”, y los investigadores detallan hasta 13 deficiencias en la tramitación de los expedientes, entre las que destacaron la falta de publicidad, lo que impedía el "acceso a las mismas en condiciones de igualdad por las distintas empresas o colectivos de trabajadores de la comunidad autónoma que pudieran estar atravesando una situación de crisis". También se ha referido el testigo a la falta de competencia del director para conceder las ayudas, la no presentación de solicitud o la no comprobación de la situación económica de la empresa, entre otras, y ha destacado que la plantilla de la dirección de Trabajo encargada de la tramitación de los expedientes era “muy escasa, poco preparada y cualificada, y con pocos recursos”.

El comandante ha explicado que en algunos casos podía no haber ERE y con “una simple carta” del director de Trabajo se permitía el acceso a las ayudas, insistiendo en que tras la investigación “no encontraron ningún tipo de norma reguladora” para la concesión de estas subvenciones, que además se daban “sin control” alguno y por razones de “afinidad familiar, política o de amistad”, y ha citado como ejemplos las ayudas concedidas a concuñados del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Asimismo, ha indicado que detectaron que el “70-75% del total de las ayudas” concedidas en Andalucía se habían concentrado en una zona geográfica de Sevilla de sólo 30.000 habitantes, en alusión a localidades de la Sierra Norte de Sevilla, y se ha referido al papel concreto que jugaban los conseguidores, como el ex sindicalista Juan Lanzas, que ofrecía el “pack completo”, que consistía en la tramitación de la ayuda ante la Consejería de Empleo y la intervención de la aseguradora y la mediadora, y ha añadido que n el caso de Surcolor, la entidad mediadora “llegó de la mano de Lanzas”, que luego podría “cobrar” de la mediadora.

El testigo, que analizó expresamente el caso de las ayudas concedidas a Surcolor, ha dicho que al examinar el sistema observaron cómo se estaban otorgando “con total falta de procedimiento” en la forma de gestión desde el punto de vista administrativo, y ha destacado el “uso inadecuado” de las transferencias de financiación, que debían destinarse a la “gestión corriente”.

Regalos y cocaína A preguntas de la acusación del PP, el testigo ha señalado que parte de las tres ayudas que se concedieron al entramado de empresas de Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, estuvieron dirigidas a “consumos personales por parte de éste”, en alusión a la declaración del ex chófer en las que reconoció que parte de esas ayudas –recibió 1,4 millones- fueron destinados a regalos y cocaína.

El exhaustivo atestado de la Guardia Civil amplió, igualmente, el conocimiento y mantenimiento del sistema a los sucesores de Francisco Javier Guerrero en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera -este último exculpado finalmente de este juicio por la Audiencia de Sevilla-, que recibieron una "situación heredada" de numerosas irregularidades que mantuvieron sin poner los hechos en conocimiento del "juzgado ni del Ministerio Fiscal a pesar de su gravedad", recoge el atestado.

En cuanto a las actuaciones desarrolladas por la Junta tras destaparse el escándalo de los ERE, el comandante de la UCO ha ratificado que no se destruyó documentación alguna durante la revisión de los expedientes efectuada el fin de semana del 20 de noviembre de 2010 ni con posterioridad, pero sí reprocha la actuación sobre los expedientes reclamados a la Consejería. El testigo ha corroborado que los expedientes que pidió el juzgado "no se mandaron tal cual estaban en la Dirección de Trabajo, sino una vez completados con distintos documentos que les faltaban" y también se ha referido a que se "sacó" documentación "que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación".

La UCO no analizó la orden del Ministerio de Trabajo de 1995 El comandante de la UCO ha explicado, a preguntas de alguna de las defensas de los 22 ex altos cargos acusados, que en la investigación no analizaron la orden del Ministerio de Trabajo de 1995 porque esta norma, que las defensas postulan que amparaba la concesión de ayudas por parte de la Consejería de Empleo, no entraba ni de manera "objetiva, ni subjetiva, ni temporal" en la investigación que llevaron a cabo respecto a las subvenciones concedidas.

El testigo ha señalado con respecto al pago de sobrecomisiones en las pólizas con las que se abonaban las ayudas que no ha encontrado la "más mínima gestión prospectiva del mercado" por parte de la Junta de Andalucía sobre si las comisiones que se estaban pagando eran adecuadas, todo ello a pesar de que la Administración autonómica "debía de velar por el buen uso de los fondos públicos", y así ha dicho que en el caso del ERE de Surcolor se pagaron precios "muy por encima del mercado".

En cuanto a los intrusos, el investigador de la Guardia Civil ha señalado al ser preguntado sobre la "depuración" que hizo la Junta y que concluyó que el número de personas en esta situación se habría reducido a un grupo de entre 18 o 20 personas, que no cree que ese filtrado "reúna los requisitos mínimos" para que se tenga en cuenta por la Policía Judicial.

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