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La Junta de Andalucía renuncia a pedir por ahora a los condenados el dinero de los ERE
Esperará a que la sentencia sea firme y pagará 37 millones a los prejubilados de buena fe hasta 2025
Miércoles 27 de noviembre de 2019, por CGT DELPHI
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El Consejo de Gobierno debatió ayer sobre la manera de recuperar el dinero defraudado en el caso ERE y que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial cifra en 679,4 millones de euros. Y sólo llegó a una conclusión por el momento, «el proceso será muy largo y difícil» y no se recurrirá a otro procedimiento judicial, esta vez por la vía civil y no penal, hasta que la sentencia sea firme.

Así lo confirmaron ayer tanto el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, como el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, quien ha recibido el encargo del Consejo de Gobierno de poner en marcha todos los resortes legales posibles para la reclamación de estos fondos. La declaración de intenciones del Ejecutivo fue muy contundente: «Vamos a recurrir a todas las vías posibles porque nuestra prioridad absoluta es recuperar el dinero», decía Juan Marín.

Muchos de los condenados están barajando llevar el caso hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo Sin embargo, no se hará realidad de manera inminente. Porque el nuevo Gobierno andaluz no va a reclamar ya esos fondos a los 19 exaltos cargos condenados por la Justicia, sino que va a esperar a que la sentencia sea firme. Una circunstancia que puede tardar años, ya que los condenados por la Audiencia de Sevilla han anunciado su intención de reclamar ante el Tribunal Supremo, lo que augura un proceso de, al menos, dos años. Y eso si se quedase ahí el procedimiento porque muchos de los condenados están barajando llevar el caso hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Más años de instrucción y más años sin que el dinero regrese a las cuentas de la Junta de Andalucía. «Nos quedan muchísimos procedimientos durante muchos años. Esto no es cosa del pasado como dice el PSOE sino del futuro a medio y largo plazo».

los ERE y que si había que determinar alguna responsabilidad se circunscribiría a la Consejería de Empleo. Exactamente lo contrario de lo que recoge la sentencia de la Audiencia. El Gobierno andaluz ha decidido que sigan siendo ellos los que se encarguen de reclamar los fondos pendientes. «Nosotros pedimos informes jurídicos y tomamos decisiones políticas en base a ellos», aseguró Juan Marín.

Las fianzas El Gobierno andaluz culpa directamente a Susana Díaz de no poder recuperar una parte del dinero defraudado a las arcas públicas. Porque al retirarse la Junta de la acusación particular, desistió de reclamar el dinero como principal perjudicada, por lo que la juez Alaya levantó las fianzas impuestas a los principales acusados. «Si estas fianzas siguieran vigentes, habríamos podido reclamarlas». Se trata de una importante cantidad de dinero ya que la juez impuso a Griñán una fianza de 4,2 millones de euros; 3,7 millones de euros a Francisco Vallejo; 6,2 millones de euros a José Antonio Viera; y 870 millones de euros a Antonio Fernández, entre otros.

El vicepresidente Marín quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los prejubilados beneficiados por algunos de los EREque están en solfa. «Los que se acogieron a estos expedientes de regulación de empleo de buena fe no tienen nada de qué preocuparse». Es más, el Gobierno andaluz va a pagar 37 millones de euros hasta 2027 por los ERE que están pendientes, «pero los doscientos intrusos sí que tienen que estar preocupados porque vamos a perseguirlos hasta donde la Justicia permita para que devuelvan todo lo que no les corresponde». Marín aseguró que el Gobierno andaluz está cruzando los datos disponibles en todos los departamentos, sobre todo en Hacienda y Empleo, para poner en claro la cuantía exacta de los fondos que han sido percibidos ilegalmente. «Habrá luz y taquígrafos de todas las decisiones que se tomen».

El coste de los letrados Otro de los frentes abiertos que tiene el Gobierno andaluz es el pago a los letrados de los exaltos cargos que ahora han sido condenados. Según se recoge en varias sentencias judiciales, la Junta tiene que abonar el coste de los abogados de todos los exaltos cargos que deben ser defendidos por el Gabinete Jurídico de la Junta. Pero como la administración se personó en la causa, tuvieron que buscarse asesoría jurídica privada cuyo importe reclaman ahora.

Fuentes del Gobierno andaluz han explicado a ABC que abonarán las minutas de los letrados, si bien las reclamarán nada más que sea posible (es decir, cuando haya sentencia firme si es condenatoria). De hecho, ya han abonado unos 90.000 euros a los letrados de la exconsejera Magdalena Álvarez y han llegado a un acuerdo para hacer lo propio con el abogado de Gaspar Zarrías. El exconsejero había pedido a la Junta 200.000 euros por los honorarios de su abogado, si bien la administración los ha rebajado hasta 18.000 euros.

Así se procederá con todos los abogados de los exaltos cargos (no los que han ocupado puestos directivos en la administración paralela que tienen pólizas de seguros de estas empresas públicas con las que se abonan estos gastos) comparando las minutas que presenten con las tarifas oficiales de los respectivos colegios de abogados.

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, decía ayer que el coste de los ERE «es muy superior a los 680 millones de euros que recoge la sentencia». apelando también a las consecuencias de la misma en términos de prestigio y nombre de Andalucía. Pero también habrá que sumar todas estas cuantías que elevarán, y mucho, la factura final. Y eso sin contar los casi doscientos procedimientos abiertos por otros tantos ERE pendientes en los tribunales.

Hasta 72 sentencias a su favor en la vía contenciosa para recuperar fondos La Junta de Andalucía ha obtenido hasta 72 sentencias en procesos contencioso-administrativos que ha emprendido para reclamar el dinero público repartido entre distintas empresas y beneficiarios de subvenciones con cargo al fondo de los ERE hace más de una década, según ha podido saber ABC de fuentes de la Administración autonómica. Sin embargo, estas resoluciones judiciales no garantizan que vaya a recuperarse el dinero. Algunas empresas beneficiarias, a las que se reclama el dinero diez años después de su concesión, son insolventes, han desaparecido y sus administradores están en paradero desconocido.

La batalla en los juzgados de lo contencioso es un proceso largo, tortuoso y complejo que se inició en 2011, cuando estalló el caso ERE. Bajo el mandato del expresidente José Antonio Griñán, condenado a 6 años de prisión por el sistema de ayudas, la Junta declaró nulas todas las ayudas directas a empresas concedidas entre 2000 y 2010 con el fondo para empresas en crisis. Están a punto de cumplirse nueve años desde que activó el mecanismo para que parte de los millones de euros distribuidos año tras año con un sistema fraudulento corrupto retornaran a las arcas. Según el último balance realizado en julio de 2018, la Junta de Andalucía sólo había recuperado 6,7 millones de los 135,3 millones sometidos a la revisión de oficio.

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