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Informe sobre DELPHI
Viernes 19 de noviembre de 2010, por CGT DELPHI
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En marzo se cumplirán CUATRO años de la comunicación pública de cierre de la empresa y el efecto dominó sobre la industria auxiliar de la Bahía de Cádiz. En estos casi cuatro años, aunque la maduración del proceso fue muy anterior, se han tomado gran número de decisiones al respecto, unas con sentido de no dejar “tirados” a los afectados y sus familias y otras meramente de pasatiempo y adorno. Vamos a recordarlas con sus efectos.

Previamente hay que traer a colación las responsabilidades que como persona jurídica tiene la Cámara de Cuentas Andalucía, respecto a los recursos financieros aportados a las empresas públicas o privadas, durante el transcurso de cada año económico. Para ello acudimos a la documentación oportuna, publicada en su página Web y leemos:

3. Funcionamiento Interno

Las funciones propias de la Cámara de Cuentas de Andalucía son:

Fiscalizar la actividad económica-financiera y contable del sector público andaluz

El control del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los programas presupuestarios y en las memorias de las subvenciones, créditos, avales y otras ayudas que se otorguen a personas físicas o jurídicas.

Fiscalizar los contratos administrativos celebrados por los componentes del sector público.

Además, asesora al Parlamento de Andalucía y, por delegación del Tribunal de Cuentas, puede desarrollar las actuaciones fiscalizadoras que éste encomiende e instruir procedimientos jurisdiccionales de responsabilidad contable.

No hay que olvidar que están sometidos al control de la Cámara de Cuentas de Andalucía la Junta de Andalucía, las Diputaciones Provinciales, los Ayuntamientos, las Universidades andaluzas y todos los organismos autónomos y sociedades públicas dependientes de cada una de estas instituciones. También controla a los beneficiarios de ayudas económicas o financieras concedidas por el sector público andaluz.

¿Ha recibido apoyo financiero Delphi? ¿Qué subvenciones, ayudas, avales, créditos, préstamos o colaboración se facilitaron a Delphi? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué informes se han elaborado durante la estancia de Delphi en Cádiz? ¿Cuáles han sido las recomendaciones o resoluciones de la Cámara de Cuentas? ¿Qué medidas administra-tivas, civiles o legislativas se tomaron en consecuencia?

El Protocolo de julio 2007 fijaba unas fechas y plazos de obligado cumplimiento para cualquiera de las partes firmantes, que libremente se acogiera al contenido de dicho acuerdo, en él existen una serie de garantías y obliga-ciones que sujetan e imponen condiciones contractuales. La Administración Pública representada en este caso por la Junta de Andalucía en sus diversas instancias: Consejería de Empleo, Consejería de Innovación Tecnología y Empresa, Dirección General de Empleo, Delegación Provincial de Empleo de Cádiz, S.A.E., Bahía Competitiva, Universidad de Cádiz, FAFFE, … han colaborado y aportado recursos personas y utilidades para atender el asun-to, pero tras estos años no hay solución global.

Las diversas medidas puestas en marcha han sido siempre paliativas y paralizantes de una solución uniforme, de-finitiva, integral y universal. Plantear soluciones diferentes a un problema de empleo es poco coherente. Presentar en la Mesa de Seguimiento fórmulas de prejubilación, de invalidación, de baja voluntaria, de descarte por motivos no esenciales, de reducción del colectivo por autoempleo –tras varios meses-, de indemnización para salida volun-taria, jubilación forzosa, o las más desgraciadas de muerte, extenuación psíquica, o indigencia familiar, es muestra de poca firmeza en las promesas expresadas públicamente en mítines públicos, en reuniones al efecto, en escritos a los medios de comunicación, en entrevistas al objeto, de responsables gubernativos políticos y administradores.

Las diversas medidas de cursos de formación genéricos y específicos no han tenido un proyecto definido, han sido un mero depósito de desempleados para que no se dieran cuenta de la realidad del problema. NUNCA hubo solicitudes reales de implantación en el ámbito interesado, nunca hubo apuestas firmes de radicación en la Bahía, nunca hubo proyectos concretos; sí consultas, conversaciones, curiosidades, preguntas, exigencias previas de ayudas, excusas varias y argumentos hueros de: “estamos en crisis”. Por eso nunca aparecieron los cursos vincu-lado o enlazados a empresas, no las había.

Las conversaciones durante estos años han sido de diván de psiquiatra, los afectados pidiendo el cumplimiento de los acuerdos de julio 2007, los empresarios refugiados en la incapacidad de la Junta en incentivar la solución, los sindicatos confiados en lo firmado y la Junta viendo cómo el transcurso del tiempo deshacía el castillo de naipes que se había montado. Negando la crisis al principio -pero no hallando salida-, diciendo pronto, que ya había ofrecimientos (pero no podía dar nombres), demorando después las contrataciones -viendo la falsedad de sus pri-meras afirmaciones-, retrasando las reuniones cuando se acreditó el vacío absoluto de empleo, tratando de reducir las garantías y compromisos contraídos y finalmente, cuando interiorizó su incapacidad, renunciar a la famosa OVE y tratar de imponer alternativas menos sociales y menos respetuosas con lo pactado.

A partir de las responsabilidades que, como Gobierno, debe tener un administrador público se observa displicencia y confusión, para terminar en medidas que excluyen soluciones colectivas inaplazables e inmediatas. Hablamos de la provincia con mayor índice de desempleo, dentro de la región europea con mayor porcentaje también y todo ello en el País con mayor grado de inactividad de Europa. Triste récord, en el que batimos a cualquier sociedad desarrollada.

Las soluciones pasan por crear las condiciones idóneas, infraestructuras, facilidades fiscales, confianza política, arrojo social colectivo, flexibilidad de alternativas y respeto a los acuerdos. Las discordancias o inseguridades no deben recaer exclusivamente sobre los afectados, éstos ya han tenido severos límites a su expectativa inicial. Se han eliminado por plazos, por condición contractual, por edad, por formación, por ubicación geográfica.

Pero no hemos hablado de posibles penalizaciones a las otras partes: el empresario principal, los empresarios con-tratistas, los acreedores y deudores, la administración concursal, el juzgado, la administración pública como per-sona jurídica y los responsables personales como gestores funcionales. Hasta ahora los males de esta situación se han descargado sobre los trabajadores, con ingresos mensuales sujetos a la inseguridad futura, con amenazas de empeorar cláusulas, con recortes de derechos, con el paso de años sin objetivos, con agobio social y con incom-prensión de los vecinos y ciudadanos en general, que les consideran privilegiados, cuando su objetivo es trabajar.

La Junta, y cualquier ente de gobierno, debe propiciar un ambiente de confianza y de consideración oficial favo-rable. Debe ser honesta con la situación, ni alardear de superioridad, ni negar la adversidad, ni disimular la contra-riedad o los retos, ni demorar el esfuerzo, ni contemporizar las exigencias y cada una de estas acciones por fas o por nefas tiene su consecuencia política.

La situación hoy día es muy complicada, la decisión de los Responsables de la Junta de no respetar el Protocolo es la peor de las decisiones posibles. Las secuelas no dejarán a nadie satisfecho, pero lo que es incuestionable, es que de los casi dos mil puestos de trabajo comprometidos en julio 2007, existen sólo una cuarta parte. Por tanto, sus afectados, sus allegados, sus vecinos, la ciudadanía de sus términos municipales, de la Bahía, y de Cádiz en general, no deben someterse a la servidumbre, que supone esperar sine die una solución. No caben más disculpas de crisis, en marzo 2007 NO había crisis y fue entonces cuando se originó el problema.

Las movilizaciones de tantísimas personas en Francia, en Grecia, o en Irlanda no han terminado en España en la huelga de 29 de setiembre. La huelga no fue un objetivo, sino un medio para alcanzar el empleo, Para remediar los recortes de pensiones, o de salario a funcionarios, o de seguridad en el trabajo, para luchar contra la reforma labo-ral, para denunciar las ayudas a la Banca y las Cajas, para reivindicar la estabilidad social, para conseguir mejores condiciones colectivas, para afirmar los servicios públicos, para reforzar el papel de “lo público”, hay que unir voluntades, hay que sumar esfuerzos; hay que concienciar al prójimo, no es nuestro enemigo es un eslabón en la cadena de solidaridad. Llamemos a cuantas personas están en situación similar, convoquemos a los sectores desprotegidos, denunciemos las actividades precarias, las explotaciones y abusos, la economía sumergida como foco de ilegalidades, carencias, accidentes, falta de cotizaciones, conflictos y fraudes.

Nadie en Cádiz es privilegiado, todos queremos tener un futuro digno y los de Delphi, también.

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