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La Guardia Civil busca pruebas de las facturas falsas en la sede de UGT-A
Viernes 20 de diciembre de 2013, por CGT DELPHI
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La Guardia Civil busca pruebas de las facturas falsas en la sede de UGT-A

La Benemérita rastrea esta sede, la de dos empresas encargadas de los cursos de formación y el despacho del ex alcalde Manuel del Valle.

J.M., sevilla | Actualizado 20.12.2013 - 06:47

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Casi sin solución de continuidad, la juez Mercedes Alaya salta de una operación a otra. La instructora, que el pasado jueves permaneció en su juzgado hasta altas horas de la madrugada tomando declaración a los imputados en la operación Madeja -sobre el presunto cohecho en las contrataciones del Ayuntamiento de Sevilla-, esa misma mañana autorizó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), que actúan como policía judicial bajo su dirección, a desplegar un nuevo operativo, denominado Cirene, que consiste en un exhaustivo registro en la sede del sindicato UGT de Andalucía en Sevilla, dentro de la causa declarada secreta en la que se investiga el desvío de fondos de cursos de formación al conseguidor de los ERE y ex miembro de este sindicato Juan Lanzas y también el caso de las facturas falsas con la que se justificaron pagos de subvenciones que habrían sido destinadas a fines distintos para los que fueron concedidas.

El registro en la sede del sindicato, ubicada en la calle Antonio Salado de Sevilla, se inició en torno a las 10:30 de ayer y obligó a los agentes a cortar la calle. Según fuentes de la Guardia Civil, el registro tiene como finalidad la incautación de documentación relevante para las investigaciones, tanto en formato papel como en soportes informáticos de la contabilidad y las facturas del sindicato referentes a los fondos de formación.

Desde el sindicato, se asegura que los agentes de la UCO se reunieron con miembros de la Ejecutiva de la central, entre los que no estaba el secretario de Organización, Manuel Ferrer, responsable del sindicato desde que presentara su dimisión Francisco Fernández Sevilla, que estaba ayer de viaje.

Los registros se limitan a la intervención de la documentación y en principio no se prevé la práctica de detenciones. Además del registro de la sede del sindicato, se han rastreado las sedes de dos empresas relacionadas con los cursos de formación de UGT-A, también en Sevilla: Soralpe y Proyectos Inmobiliarios Novasur, en Menéndez y Pelayo, y el domicilio social de Geosur Arquitectura y Urbanismo, en la avenida de San Francisco Javier. La Guardia Civil también registró la sede del despacho de abogados del ex alcalde de Sevilla Manuel del Valle. Éste ha asesorado a UGT en dos concursos para construir vivienas públicas: uno en Sevilla, que lo perdió UGT en favor de la Confederación de Empresarios, y que le ha acarreado a la patronal la imputación de su secretario, santiago Herrero, y otro en Jerez, concedido durante la etapa de Pedro Pacheco.

Esta nueva operación se produce además tan sólo varias semanas después de que la juez Alaya obtuviera carta blanca de la Audiencia Nacional para investigar al secretario general de UGT, Cándido Méndez, por el escándalo de las facturas falsas. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó un auto por el que acordó inhibirse en favor de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla respecto a la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias.

Alaya abrió en septiembre pasado una nueva macrocausa -que permanece desde entonces bajo secreto de sumario- a raíz de las revelaciones de la operación Heracles sobre el pago de sobrecomisiones en las pólizas de las prejubilaciones financiadas por la Junta. A esta causa se incorporaron las distintas denuncias presentadas por el sindicato Manos Limpias sobre las presuntas facturas falsas de la UGT-A con las que se pagaron comidas y que fueron justificadas en las subvenciones concedidas por la Junta a esta organización.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se inhibió en favor de Alaya precisamente porque la magistrada ya mantenía abiertas unas diligencias por estos hechos, atendiendo de esta forma el criterio expuesto por la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía había puesto de manifiesto precisamente que no se habían aportado "indicios suficientes" para valorar que los hechos investigados pudiesen encuadrarse en las competencias de la Audiencia Nacional.

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