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Un sistema creado para el fraude
Domingo 14 de septiembre de 2014, por CGT DELPHI
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Un sistema creado para el fraude

Jorge Muñoz | 14 de septiembre de 2014 a las 5:00

angel ojedaUn sistema discrecional e ideado presuntamente para burlar la ley. Ésta es la hipótesis de partida que actualmente se baraja en la investigación judicial de las subvenciones públicas dirigidas a financiar los cursos de formación para los desempleados. La juez Mercedes Alaya, que es la primera que abrió unas diligencias relacionadas con el destino de las ayudas públicas, parte precisamente de estas sospechas, que se centran con especial atención en las ayudas concedidas a los 1.904 ex trabajadores de la multinacional Delphi.

Se trataría de una actuación similar a la que se habría producido, según la hipótesis de la instructora, en el caso de los ERE fraudulentos con las ayudas concedidas para los ex trabajadores de empresas en crisis, donde al amparo de la búsqueda de la paz social se habrían concedido ayudas millonarias a los parados. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que son los que trabajan en coordinación con la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, tienen previsto centrar inicialmente las pesquisas en aquellos empresarios que habrían obtenido el mayor volumen de subvecniones públicas, como ocurre con el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda y su entramado de empresas relacionadas con la formación.

En el sumario que instruye la juez Alaya, que cuenta con más de 2,5 millones de folios en documentos que están siendo actualmente escaneados, se parte precisamente para establecer la hipótesis delictiva de un informe realizado por la Inspección de Trabajo, que habría alertado del “grave perjuicio” que se ocasionó al patrimonio de la Seguridad Social, al presupuesto del servicio de empleo estatal y al presupuesto de la Junta de Andalucía por conceder ayudas a los desempleados de Delphi incumpliendo la normativa específica prevista para este tipo de subvenciones.

La Inspección de Trabajo critica en ese informe el plan especial de 105 millones que la Junta fijó para estos ex trabajadores y llegan a subrayar la posible “relevancia penal” de los hechos, por cuanto se propició un fraude a la Seguridad puesto que esas ayudas acabaron dirigidas a la “simulación de contratos”.

El fraude consistiría, en unos casos, en el abono de subvenciones por cursos inexistentes, que no se habrían dado a los desempleados, mientras que en otros supondría la simulación de contratos y el abono de percepciones o becas que estarían por encima de lo legalmente establecido, lo que generaría una contraprestación ilegal que completaría las prestaciones por desempleo que ya estarían percibiendo los trabajadores, como en el caso de la multinacional de automoción Delphi.

Se trataba, en definitiva, de crear un sistema de protección privilegiado para estos empleados de la multinacional automovilística y al margen de la Seguridad Social y del resto de los trabajadores.

Alaya ya ha imputado por estos hechos al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández -que también está implicado en la causa de los ERE- y al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, quien fue detenido en agosto pasado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) pero que va a ser investigado por esta misma magistrada.

Alaya, cuya investigación se remonta a las ayudas a la formación concedidas desde el año 2001, yaha cifrado ya en 950 millones de euros la cantidad que la Junta de Andalucía destinó en cuatro años a cursos de formación sin que la Administración autonómica haya obligado a las empresas beneficiaras a justificar el gasto de estas subvenciones. Alayaasegura en el auto en el que imputó a Antonio Fernández que la Junta concedió esos 950 millones -cifra que supera a los 855 millones en que se cifra el fraude de los ERE-entre 2008 y 2011, pero no obligó a las empresas a justificar los gastos, de acuerdo con las resoluciones de exoneración dictadas en ese periodo. Alaya imputó a Fernández por haber concedido ayudas por importe de 70 millones para la formación de los ex trabajadores de Delphi Automotive System España. La instructora recuerda que, según se desprende de la declaración testifical prestada ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate de León, y de las propias pesquisas realizadas por los agentes, en virtud de las distintas resoluciones de exoneración de la justificación dictadas por la Administración andaluz a fecha de octubre de 2013 había una cantidad aproxiamda de 950 millones “en subvenciones sin justificar”.

En cuanto a la imputación de Antonio Fernández, Alaya la justifica porque, según considera, en el tiempo que fue consejero de Empleo (entre 2004 y 2010) concedió “con ausencia de procedimiento diferentes subvenciones” para la formación de los ex trabajadores de Delphi, “sin convocatoria ni bases reguladoras” y en contra de la ley de Subvenciones y del Real Decreto 395/2007 que regula las ofertas públicas formativas.

La juez argumenta también que el ex consejero habría permitido la “subcontratación” de actividades formativas sin estar autorizada esa subcontratación y además se habrían otorgado becas por asistencia a los cursos “por encima del máximo legalmente permitido”.

También le atribuye la magistrada haber concedido subvenciones a empresas para acciones formativas “en alternancia con el empleo por importe de 70 millones “, con la intención de que los ex trabajadores de Delphi “pudieran volver a tener acceso a la prestación de desempleo, sabiendo que la relación laboral sería inexistente, limitándose dichas entidades a la realización de cursos de formación”. Esto habría ocurrido en el expediente 98/2008 a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en relación con Delphi, donde fueron subcontratadas entidades relacionadas con Ojeda como AEA (Asociación de Empresas Aeronáuticas); Humanitas (Asociación de apoyo a la Integración); Innova (Asociación para la Sociedad de la Información); Inteca (Asociación para la Calidad Europea); y Natura (asociación para el Apoyo al Medio Ambiente).

Y por último, Alaya dice que el ex consejero concedió subvenciones desde 2007 dictando “resoluciones de exoneración de la justificación” de estas ayudas a las entidades beneficiarias en el período comprendido entre 2008 y 2011, contraviniendo de esta forma la ley de subvenciones.

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