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Procesados Chaves y Griñán y otros 24 altos cargos por prevaricación en el fraude de los ERE
A Griñán le atribuye otro delito continuado de malversación en concurso medial. Hay 24 exculpados.
Miércoles 1 de junio de 2016, por CGT DELPHI
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Chaves y Griñán se sentarán en el banquillo de los acusados de los ERE junto a otros 24 altos cargos como los ex consejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, y la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez. El juez de refuerzo los ERE Álvaro Martín ha dictado este miércoles un auto en el que ha dado por concluida la instrucción cinco años después de que se iniciara y ha procesado a un total de 26 personas, entre ellos los ex presidentes de la Junta y otros tantos ex altos cargos de la Administración andaluza en relación con el fraude de las ayudas de los ERE.

El instructor considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación, en concurso medial con un delito de malversación, si bien no imputa este segundo delito al ex presidente Manuel Chaves, a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez y al ex consejero Gaspar Zarrías.

El instructor considera que hay indicios de prevaricación porque se ha vulnerado "de modo palmario", criterios como el de "servicio prioritario a los intereses generales, el sometimiento pleno a la ley y al derecho y la absoluta objetividad en el cumplimiento de sus fines". Añade el magistrado que basta con atender a los mecanismos utilizados para proveer de fondos públicos al procedimiento específico, "la forma de gastar estos fondos, la ausencia de criterio para la fijación de los beneficiarios, de las cuantías concedidas y del control del destino, para concluir que se postergó el servicio de los intereses generales en favor de los terceros, que ello se hizo con total oposición a la ley y al derecho y con una total falta de objetividad".

El auto, que tiene 98 folios de extensión, señala que tanto los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán como otros ex altos cargos –cita a Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Antonio Fernández García, Magdalena Álvarez, Camen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Justo Mañas, Gonzalo Suárez, Jesús María Rodríguez Román, José Salgueiro, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Daniel Alberto Rivera, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina, Antonio Estepa, Antonio Vicente Lozano, Manuel Gómez, Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete, Antonio Valverde y Francisco del Río- "mediante un concierto expreso o tácito han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero, por su abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones, y a los procedimiento de presupuestación, sin que se les pueda dar una explicación mínimamente razonable, si no es la de pretender eludir dichos procedimientos por un mal entendido espíritu de agilización del funcionamiento de la Administración, la cual, vistas las deficiencias buscadas o asumidas, resulta ser un explicación inaceptable".

Esta conducta, prosigue el instructor, se prolongó "en el tiempo, como modo de ejecución del plan originalmente establecido en el año 2000, y se mantuvo con una vocación de perpetuidad hasta que fue puesta al descubierto en el año 2011", de manera que concurren los presupuestos de la continuidad delictiva, asegura el auto.

En cuanto al delito de malversación, el juez precisa que existió un hito cronológico en el año 2005 que hace que derive una "distinta responsabilidad para cada uno de ellos", por cuanto el 25 de julio de ese año se emitió por la Intervención General de la Junta de Andalucía un informe adicional al informe de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2003, en el que se concluía, entre otras cosas, que se estaba "prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento establecido" en la ley general de la Hacienda Pública de Andalucía para la concesión de las subvenciones.

Dice el instructor que hasta ese momento "todos los implicados en la puesta en marcha y funcionamiento del procedimiento específico podrían pretender ampararse en la ignorancia de sus nefastas consecuencias, de modo que, si bien incurrían en un delito de prevaricación, por ser su conducta del todo contraria a derecho, cabía la posibilidad de que estuvieran haciéndolo por un mal entendido sentido de atención a los intereses colectivos. Sin embargo, a partir de ese informe esta posibilidad queda descartada de modo absoluto".

Álvaro Martín añade que no era posible desconocer los graves hechos que ponía de relieve el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que "quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera arbitraria y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía".

Esta "advertencia" se reiteró, argumenta el instructor, a lo largo del tiempo en los informes de cumplimiento de la Intervención General de la Junta posteriores al año 2005, que mantuvieron siempre “referencias a ese primer informe y abundaron en la pervivencia del sistema, avisando a todos sus destinatarios de las consecuencias que se seguían del procedimiento específico”.

Para reforzar esa situación de información sobre la "total perversión del sistema", la auditoría de cuentas de IFA/IDEA de 2006, presentada en el 2007, informó de la existencia de un desfase por importe de más de 58 millones de euros, derivado de la diferencia entre las obligaciones asumidas por la dirección general de Trabajo vía convenios y las cantidades presupuestadas para atender esas actuaciones, y en 2008 se tuvo conocimiento en la dirección general de los denominados "pagos cruzados". "Ante tales evidencias, no cabe asumir ni el desconocimiento de la perversión del procedimiento específico, ni su alcance malversador", añade, el juez que entiende que esa conducta también constituye un delito continuado de malversación del artículo 423 del Código Penal.

Con respecto a este delito y apreciando la jurisprudencia del Supremo sobre la malversación, el juez concluye que en este caso se aprecia "una pluralidad de autoridades o funcionarios que han venido a instaurar un procedimiento de reparto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, que se ha traducido en la disposición de los mismos por persona no autorizada para ello, como era el director general de Trabajo, que no era competente, a través de un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados, todo ello durante un periodo de más de diez años y sobre un importe superior a los 850 millones de euros".

El instructor incluye en este delito a aquellos imputados que a partir del año 2005 tuvieron conocimiento de “aquellas resoluciones prevaricadoras por contrarias a derecho, que estaban tomando en el marco de ese procedimiento específico” y era además el instrumento a través del cual “eran objeto de apropiación los fondos públicos inicialmente destinados a ayuda a empresas y personas afectadas por las crisis empresariales”.

Por ello, considera responsables indiciariamente del delito continuado de malversación al ex presidente José Antonio Griñán y a los siguientes procesados: José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Justo Mañas, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez Contreras, Daniel Alberto Rivera, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina, Manuel Gómez Martínez, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete y Antonio Valverde, por ser éstas las personas "destinatarias y receptoras de los informes que se van sucediendo desde el año 2005, de lo que se deriva ese conocimiento que los convierte en corresponsables de la malversación de los fondos públicos vinculados al procedimiento específico".

El magistrado aclara que "es cierto que no todos ellos cooperan activamente a la malversación, limitándose algunos a dejar hacer, pero debemos recordar que la acción punible a realizar que es ’sustrayendo o consintiendo que otro sustraiga’, permite una comisión activa o meramente omisiva, por el quebrantamiento del deber de impedir, que equivale a una apropiación sin ánimo de reintegro, lo cual permite sostener la responsabilidad de aquellos que se limitaron a dejar hacer a otros". Al igual que la prevaricación, el juez entiende que esta conducta malversadora se prolongó en el tiempo, como modo de ejecución del "plan originalmente establecido en el año 2000 e indudablemente conocido por los investigados desde el año 2005, y se mantuvo con una vocación de perpetuidad hasta que fue puesta al descubierto en el año 2011", cuando se inició la instrucción judicial, por lo que entiende que concurren los presupuestos de la continuidad delictiva.

Con el anterior Código Penal, antes de la reforma de 2015, la pena de prisión prevista para la malversación es de cuatro a ocho años, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 432.

Los ex presidentes están imputados en la parte política de la macrocausa de los ERE, en la pieza del denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las subvenciones, en la que figuraban como investigados 51 ex altos cargos y ex miembros del consejo rector de la agencia Idea, el organismo que actuaba como caja pagadora de las ayudas mediante las transferencias de financiación que recibía de la Consejería de Empleo.

En el auto conocido esta mañana, el magistrado Álvaro Martín ha exculpado a 24 personas que figuraban como investigadas en la parte política de los ERE, entre los que se encuentran destacadas personalidades del mundo económico como el presidente de Unicaja, Braulio Medel; el ex presidente de El Monte, José María Bueno Lidón; el presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler; el ex presidente de Abengoa José Domínguez Abascal; o el presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía Felipe Romera, sobre los que se ha archivado finalmente la causa, entre otros.

El auto dictado por el magistrado transforma las diligencias previas que se incoaron en enero del año 2011, hace más de cinco años, en un procedimiento abreviado que se dirige contra estos 26 imputados. El juez ha dado un plazo de 45 días a la Fiscalía Anticorrupción y a las demás acusaciones personadas en la causa para que presenten sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, “sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que resulten indispensables para formular acusación”. Este plazo comenzará a computarse cuando se reciba cierta documentación que aún no ha llegado al juzgado.

La decisión del juez Álvaro Martín de procesar a Chaves y Griñán coincide en parte con la argumentación que en su día efectuó el instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, quien propuso precisamente en junio de 2015 –antes de que los ex presidentes dejaran de ser aforados y la causa volviera al juzgado de Sevilla- que la causa continuara contra Chaves y Griñán porque, según consideró entonces, los ex presidentes conocían que el procedimiento de concesión de las ayudas de los ERE era "claramente ilegal", pero no que con él se estuvieran "desviando importantes sumas de dinero" para favorecer el beneficio ilícito de terceras personas. Éste fue el argumento principal del instructor para solicitar que continuara la causa contra los dos ex presidentes y los ex consejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías por un delito de prevaricación administrativa.

En noviembre de 2015, la juez María Núñez Bolaños acordó formar la pieza separada del denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE, que afectaba inicialmente a 52 personas –una de ellas, Francisco Mencía, ex director del IFA, falleció en los últimos meses, y otro, Rafael Herrera, fue declarado incapaz y se archivó-, por lo que en esta pieza sólo quedaban 50 investigados. La juez incoó diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación", por hechos relativos a la "participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico en todas sus variantes", por el que durante una década se otorgaron ayudas sociolaborales y directas a empresas en crisis.

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