CGT Delphi Cádiz
[PORTADA] :: Foros :: Inscribirse/Recibir novedades :: Redacción :: Contactar :: Toda la Web :: Seguir la vida del sitio RSS 2.0
Estás aquí: Portada > DTS > Ojeda pide a la juez la “nulidad” del informe pericial sobre el fraude de los (...)
Ojeda pide a la juez la “nulidad” del informe pericial sobre el fraude de los cursos en Delphi
Considera que está plagado de "errores, datos inexactos, omisiones palmarias y falta de rigor".
Miércoles 16 de noviembre de 2016, por CGT DELPHI
0 comentarios   

El ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda y otros cinco investigados en la causa de los cursos de formación han solicitado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que declara la “nulidad” del informe elaborado por un perito designado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al entender que el informe está lleno de “errores, datos inexactos, datos no tenidos en cuenta, omisiones palmarias, falta de rigor, y ausencia de análisis de la verdadera documentación que constituía la justificación del gasto”.

En el escrito presentado por la defensa de estos seis investigados, que consta de casi 300 folios, se considera que este informe, que fue ratificado en el juzgado en septiembre pasado, no puede surtir “el menor efecto” como prueba de cargo e la instrucción por haber sido elaborado con una prueba obtenida de “manera ilícita, con vulneración de derechos fundamentales”.

La defensa explica a este respecto que del interrogatorio del perito se ha constatado “de manera clara, efectiva y directa como al menos desde finales de abril-principios de mayo de 2014, la UCO de la Guardia Civil bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investigaba a quien ahora son sujetos del proceso en las diligencias previas 966/2014, singularmente al señor Ojeda (de quien el Sr. Uruburu señala como su principal atributo negativo habilitador de cualquier sospecha, el haber sido “ex consejero de la Junta de Andalucía”) y por ello, la prueba obtenida, su valoración y las conclusiones alcanzadas en el informe, son nulas por la vulneración del derecho fundamental a no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable, contenido en el artículo 24.2 de la Constitución”.

Para la defensa, el hecho de que la prueba nula haya sido obtenida “extra-muros del proceso, no empece a que haya sido obtenida con violación del derecho fundamental descrito”, pues tal y como declaró el perito y se “constata” de su declaración, la presentación de la prueba “tenía como fundamento ser usada en contra de los investigados en el informe penal que en coordinación con la UCO de la Guardia Civil, elaboró el inspector especial y fue presentada en la instrucción a demanda expresa del órgano instructor y por todo ello, tanto los informes como la prueba presentada por las cinco asociaciones, deberán ser expulsadas del procedimiento”, de acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que “no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades Fundamentales.”

El escrito de la defensa concluye que cuando el perito negó en el interrogatorio “conocer siquiera el dato o el documento por el que se le preguntaba” llegó a manifestar algo parecido a lo siguiente: “yo, si algún dato no he tenido en cuenta, habrá sido por negligencia, no por ocultación”, “el informe no está hecho con mala fe para ir detrás de alguien y no me he guardado nada para perjudicar a nadie”, algo que la defensa interpreta como unas “inauditas frases que espetó sin que nadie le hubiera pedido explicación alguna y que refleja fielmente la situación que nuestros mandantes vienen padeciendo y denunciado en referencia al tan comentado informe” pericial.

El perito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ratificó ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga el fraude de los cursos de formación a los trabajadores de la multinacional de automoción Delphi, el informe que en mayo de 2014 remitió al juzgado y afirmó que las irregularidades se debieron a los “compromisos políticos” de la Junta.

En su comparecencia en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la investigación de la pieza separada abierta por las ayudas a las empresas del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, el inspector de Trabajo y Seguridad Social puso de manifiesto que el origen de las subvenciones a Delphi –que alcanzaron los 105 millones, de los cuales 33 fueron para las empresas del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda- era “ilegal”.

A preguntas del fiscal Anticorrupción, consideró que el consejero de Empleo que otorgó las subvenciones –Antonio Fernández- estaba “en concierto” con las empresas para la simulación de los contratos, dado que las ayudas tenían un compromiso de contratación de los trabajadores tras los cursos. Según el perito, el consejero tenía conocimiento de que no iban a ser contratados, porque era “imposible”.

Así, llegó a la conclusión de que se dio “cobertura ilegal” a determinados desempleados discriminando a otros parados, y añade que se pagaron “sobresueldos ilegales” a desempleados en detrimento de otros. De esta forma, aseguró que el fraude de los cursos de Delphi obedeció a los “compromisos políticos” de la Junta, y agregó que la subcontratación que Ángel Ojeda hizo a empresas vinculadas para el desarrollo de las actividades de formación era “ilegal”.

En el informe remitido al juzgado el 30 de mayo de 2014 y que firman dos inspectores de Trabajo se destacaba en relación con el cierre de Delphi la existencia de un sistema de “subvenciones directas concebido por la Administración de la Junta con el fin de dar cumplimiento a sus compromisos políticos por el cierre de la factoría”.

Las subvenciones, añadían, se destinaron por un lado a la “simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de la citada planta, con la colaboración de determinadas empresas, asociaciones y fundaciones”.

De otro lado, las ayudas se destinaron a “mantener las percepciones” de los ex trabajadores “al margen de la normativa de protección por desempleo y a financiar prejubilaciones en términos distintos de los previstos legalmente”.

El sistema de concesión de las ayudas incumplió lo dispuesto en la normativa específica y causó un “grave perjuicio para el patrimonio de la Seguridad Social, para el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal y para el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. La Junta “ha acudido a fondos públicos, incumpliendo la normativa dictada por la propia Junta para sostener sus compromisos con los afectados por el cierre de Delphi”, asevera el informe.

El sistema, continúan, dio lugar a que algunas beneficiarias de las subvenciones “desviaran fraudulentamente” una parte considerable del importe hacia una serie de “empresas vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor añadido para la actividad subvencionada”.

La inspección constató que las empresas beneficiarias de las ayudas “se limitaron a impartir los curos de formación a los ex trabajadores de Delphi, sin que existiera realmente relación laboral entre la entidad contratante y los contratados”, salvo algunas excepciones.

Los peritos dicen que no hay indicios de que los cursos no se impartieran, “parece que tales cursos, con mayor o menor utilidad, eficacia o aprovechamiento, sí se desarrollaron realmente”, pero lo relevante es que la participación de los trabajadores fue “revestida con la apariencia de una relación laboral, cuya simulación tenía como finalidad dar cobertura legal al pago de una retribución a los afectados con cargo a la subvención y el ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social que les proporcionaran el periodo de carencia necesario para el acceso a futuras prestaciones.

El informe exculpaba a los trabajadores porque no apreciaba culpabilidad en su conducta, por cuanto “no se aprecia la concurrencia de dolo, culpa o negligencia en la participación de los ex trabajadores en el sistema de simulación de relaciones laborales”.

Comentar este artículo
Esqueleto "AulaLibre 3.0" desarrollado por   CGT  para SPIP | Con   FIREFOX  nos veremos mejor ;-)
Creative Commons License Los contenidos de este sitio están bajo una licencia de Creative Commons.