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Bolaños está recusada y no puede archivar la causa de los cursos de formación
El PP acusa a la juez de realizar interrogatorios “sugestivos y capciosos directos.
Martes 14 de febrero de 2017, por CGT DELPHI
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La acusación popular que ejerce el PP en la causa de los cursos de formación ha reiterado en su recurso de apelación contra el auto de archivo de la denominada "pieza política", la que afecta a los altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que la juez María Núñez Bolaños está formalmente recusada y debió abstenerse de dictar el auto de sobreseimiento provisional de octubre pasado, que recientemente ha confirmado la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

En un recurso de 355 folios, en el que se acompañan diversos anexos documentales, el PP destaca que Bolaños no ha tramitado a fecha de hoy la recusación planteada y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aseguró que debería "resolverse" conforme a la ley orgánica del Poder Judicial. Para el PP, María Núñez Bolaños, "con perfecto conocimiento de que se encontraba recusada, no sólo no se abstuvo voluntariamente de conocer la causa, sino que con absoluto desprecio de la ley, se apresuró a dictar el auto de sobreseimiento y archivo de 11 de octubre de 2016 y numerosas otras resoluciones con posterioridad, a pesar de que ya le había sido notificado el acuerdo de 6 de octubre de 2016 de la Comisión Permanente del Poder Judicial” mencionado.

El PP cita la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que recoge el adagio "el juez no sólo deber ser imparcial, también tiene que parecer que es imparcial" y concluye que hay causa de abstención en el caso de Bolaños, en concreto, la que recoge el artículo 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que considera causa de abstención y, en su caso, de recusación el "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa".

Por ello, los populares entienden que la magistrada "tenía y tiene el deber de abstenerse de dictar cualquier resolución en la presente causa hasta que se resuelva la recusación administrativa o jurisdiccional promovida por esta parte", y de ahí concluyen que el auto de archivo dictado es “nulo de pleno derecho, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida solemnemente en el artículo 24 de a Constitución en su vertiente de derecho a un juez imparcial”. También considera nulas las resoluciones dictadas con posterioridad y señala que deben retrotraerse todas las actuaciones a dicho momento, “no pudiéndose dictar resolución en la presente causa hasta que no se resuelva el incidente de recusación planteado”, por cuanto considera que se ha causado una "absoluta indefensión".

En el recurso, los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster insisten en que el juzgado aún no les ha entregado "todas las grabaciones” audiovisuales de las declaraciones prestadas en la causa, a pesar de que el juzgado asegura que les fueron entregadas en noviembre pasado.

La acusación popular también atribuye a la juez la vulneración el derecho a un juez imparcial por la "existencia de prejuicios en la señora instructora", a la que acusa de realizar “interrogatorios sugestivos y capciosos directos”.

Dice el recurso que, junto a la falta de parcialidad, "más grave aún es la parcialidad que denota en las preguntas que ha realizado directamente a testigos en sus declaraciones y las interrupciones permanentes de los interrogatorios cuando las respuestas no eran acordes y tendentes, como después hemos conocido, al fundamento de un auto de sobreseimiento y archivo".

Los populares consideran que la juez ha reconducido la declaración de los testigos hacia las "tesis defensivas" o para "desacreditar los informes de la Intervención General de la Junta como prueba de cargo" y en ocasiones ha interrumpido el interrogatorio de la abogada del PP para que "no pregunte más por delitos, cuando lo único que hay son irregularidades administrativas", precisa el recurso que atribuye esta expresión a la instructora.

"Las intervenciones de la juez instructora, cargadas de prejuicios, consistían en realizar preguntas y afirmaciones capciosas y sugestivas encaminadas únicamente a obtener respuestas favorables a las tesis defensivas y, por supuesto, que fuesen contrarias a nuestras tesis acusatorias", añade el PP, que considera que "este llamativo, sorprendente, inaudito e improcedente actuar de Su Señoría, adelantaban ya cuál iba a ser el contenido de su resolución, que hoy impugnamos, y que coincide plenamente con las opiniones e inclinaciones subjetivas que conforman la misma".

La acusación popular insiste en que basta una lectura rápida del auto de archivo y del que desestima el recurso de reforma para "comprobar esta inicial y predeterminada intención de la instructora de archivar esta causa, a pesar de concurrir sobrados indicios objetivos y racionales de criminalidad", por lo que considera que los argumentos que fundamentan el archivo están basados en"prejuicios, opiniones e interpretaciones propias y anteriores" de la juez, que según los populares, "desprecia las conclusiones de la UCO de la Guardia Civil, la Cámara de Cuentas y los inspectores de Trabajo que evidencian la comisión de delito en los hechos investigados".

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