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La Fiscalía Anticorrupción se opone a que declare Susana Díaz en el juicio de los ERE
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto este lunes a la petición que ejerce la acusación popular del Partido Popular de Andalucía para que declare como testigo en el juicio la presidenta de la Junta Susana Díaz,
Lunes 15 de enero de 2018, por CGT DELPHI
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La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto este lunes a la petición que ejerce la acusación popular del Partido Popular de Andalucía para que declare como testigo en el juicio la presidenta de la Junta Susana Díaz, si bien no se ha opuesto a que declaren el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, que ya ha declarado como testigo en el juzgado, y la senadora socialista María del Mar Moreno, que llegó a declarar ante el Tribunal Supremo.

El fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra ha expuesto que “no procede” la declaración de la presidenta de la Junta Susana Díaz, porque era consejera de la Presidencia en el año 2012, y no procede además que declare en su condición de responsable del gabinete jurídico -que depende de dicha Consejería- porque la Fiscalía ha rechazado precisamente que declaren como testigos los dos abogados que han representado al gabinete jurídico de la Junta en la macrocausa de los ERE.

MÁS INFORMACIÓN El abogado del ex consejero de Empleo Antonio Fernández pide al fiscal que retire la acusación de malversación La defensa de Martínez Aguayo acusa al fiscal de "cambiar las reglas" al querer introducir el resto de ayudas individuales El fiscal no se ha opuesto, por el contrario, a que rindan testimonio como testigos el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y la senadora del PSOE María del Mar Moreno. El representante del Ministerio Público ha recordado que Jiménez Barrios ya declaró como testigo en el juzgado de Instrucción y como esa declaración fue posterior a la presentación de los escritos de conclusiones provisionales, procedería llamarlo a declarar por su “general conocimiento” de las ayudas y de los documentos relativos a la concertación social.

El letrado de Manos Limpias, Rafael Prieto Tenor, que ejerce la acusación popular ha dejado a criterio del tribunal la proposición de pruebas, pero ha pedido al tribunal que valore el “grave daño” que puede acarrear para alguno de los testigos propuestos venir a este juicio, por lo que debe exigirse “un plus de cautela” con los testigos solicitados, dado que “su imagen pública puede verse deteriorada”.

Las defensas de los 22 ex altos cargos se han opuesto a las declaraciones solicitadas por el Partido Popular alegando que las mismas son “extemporáneas” y debieron presentarse en su escrito de conclusiones provisionales. El abogado Víctor Moreno Catena, que defiende a la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado que ningún letrado de la defensa ha pretendido “politizar este juicio”, puesto que si así fuera podrían haber solicitado que declarasen como testigos varios dirigentes del PP, entre los que ha citado al ex ministro de Administraciones Públicas Javier Arenas, que lo fue en los años 2002 y 2003 en la época en la que se concedieron las ayudas a la Faja Pirítica; al ex ministro Eduardo Zaplana; al ex delegado del Gobierno y actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; y al delegado del Gobierno Antonio Sanz, que ejerció la acción popular al inicio e incluso hasta algún tiempo después de ser nombrado para este cargo.

El abogado Manuel Salinero también se ha referido a la “politización” del caso para afirmar que Susana Díaz sólo estuvo en el cargo de consejera de la Presidencia un breve tiempo entre 2012 y 2013 “y nada tiene que ver su actuación con los hechos que se juzgan”.

La semana pasada, la acusación popular que ejerce el Partido Popular de Andalucía en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE insistió en que presten declaración como testigos en el juicio la presidenta de Junta, Susana Díaz, el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, y la senadora socialista María del Mar Moreno, al considerar que estas comparecencias son “muy necesarias” para el desarrollo de la vista oral.

El letrado Luis García Navarro, que representa a los populares, insistió en la necesidad de que se produzcan estas declaraciones después de que el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, pidiera a todas las partes que explicaran por qué habían solicitado la práctica de las pruebas presentadas en el trámite las cuestiones previas al juicio y no las habían propuesto con anterioridad en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales.

La acusación popular reiteró entonces que ha solicitado la declaración de Susana Díaz en relación con una serie de declaraciones realizadas en el Parlamento y también por manifestaciones publicadas con posterioridad a la presentación del escrito de acusación del PP, en las que la presidenta, según dijo García Navarro, opinaba y daba datos sobre los hechos investigados, por lo que el letrado estima como “muy necesario” que estos testigos rindan testimonio ante el tribunal.

El letrado también argumentó que el gabinete jurídico de la Junta depende directamente de la Consejería de la Presidencia, cargo que ostentó también Susana Díaz antes de alcanzar la presidencia tras la salida de José Antonio Griñán, y añadió que la Junta de Andalucía ejerce la acusación particular durante la instrucción de los ERE y en el caso del procedimiento específico pidió el archivo de la causa y se reservó el derecho de las acciones civiles.

En el caso de la declaración del vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, el PP dijo igualmente que su comparecencia como testigo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se produjo con posterioridad a la presentación del escrito de acusación, por lo que no pudo proponer su declaración en el mismo.

El abogado también justificó la petición del resto de declaraciones y pruebas documentales planteadas en este trámite de las cuestiones previas, entre ellas una serie de acuerdos del consejo de Gobierno que corroborarían unas reuniones previas entre Gaspar Zarrías y Manuel Chaves, y concluyó que todas las pruebas solicitadas “son pertinentes, necesarias y van a contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

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