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El exconsejero Antonio Fernández firmaba sin leer los convenios para pagar las ayudas del caso ERE
El primer consejero que estuvo en prisión por esta causa afirma que ningún gobernante andaluz trató de evitar los controles «en ningún caso»
Martes 27 de marzo de 2018, por CGT DELPHI
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Quien fuera viceconsejero de Trabajo desde 1995 hasta 2004 y consejero de Empleo de la Junta de Andalucía desde este último año hasta 2010, Antonio Fernández García, ha reconocido este lunes en el juicio de la pieza política del caso ERE que «no se entretenía» en leer los convenios que firmaba para pagar las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que lo han sentado en el banquillo.

La Fiscalía le preguntó si cuando era viceconsejero de Empleo y presidía el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) se leía los convenios particulares que la Consejería suscribía con este ente instrumental para pagar las ayudas supuestamente fraudulentas que aquélla concedía. «Yo no me entretenía en leer ninguno de los papeles del IFA por imposibilidad material y por innecesariedad», ha respondido Fernández. Explicó que «normalmente» su secretario general le daba una información verbal al respecto y tenía confianza en él. «Me elevaba el secretario general del IFA los paquetones de firma y yo los firmaba», ha comentado.

Por otro lado, Fernández ha defendido que era «innecesaria» una normativa específica para dar ayudas sociolaborales por parte del entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero Benítez. También ha matizado al fiscal que en la Junta de Andalucía nadie buscó de forma deliberada privar a los expedientes de ayuda de ningún tipo de fiscalización. «Ningún gobernante hace algo para evitar nada y en nuestro caso en ningún caso. Podemos hacerlo mejor o peor, haber tenido avisos o no de quien corresponda... Pero no es ni pensable».

Éstas han sido dos de las respuestas que Antonio Fernández le ofreció al fiscal Juan Enrique Egocheaga, que le preguntó por la fiscalización de estas ayudas y por qué se dejó aparcado el borrador del decreto impulsado en el año 2000 para regular las ayudas bajo sospecha. Fernández encara una petición de la Fiscalía de 8 años de prisión y 30 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Todos ellos están acusados de crear y mantener un sistema para dar ayudas de forma arbitraria y a espaldas de los controles que operan en una Administración para financiar pólizas de prejubilación a extrabajadores de empresas en crisis.

Fernández García, que se convirtió en abril de 2012 en el primer consejero de la Junta que pisó una prisión durante la Autonomía de Andalucía, ha ratificado su declaración ante el Tribunal Supremo a petición propia, pero no sus manifestaciones ante la juez instructora Mercedes Alaya. «Fueron varios días de declaración y la transcripción no refleja lo que dije ni lo que quise decir», se ha justificado.

El exconsejero, que pidió disculpas por retrasarse su declaración debido a una «disfonía» que ha sufrido, ha insistido en que «no era desde el punto de vista normativo necesario ni imprescindible» un marco regulador específico para dar ayudas sociolaborales puesto que en el año 2001 la Consejería de Presidencia, que dependía de Gaspar Zarrías, aprobó un reglamento de subvenciones que «incorpora el concepto de ayudas públicas excepcionales», que «no están obligadas al requisito de publicidad y concurrencia», como sucedió con el fondo de los ERE.

Durante el interrogatorio, que en sus primeros compases ha estado centrado en su papel como viceconsejero de Trabajo y vicepresidente del Instituto de Fomento de Andalucía, IFA (después denominado IDEA), ha asegurado que este organismo instrumental ejercía como «entidad pagadora» de programas de distintas consejerías. Ha argumentado que era normal que muchos proyectos de normas «fueran decaídas» porque «nunca fuimos capaces de cumplimentar ese decreto», dijo en referencia al decreto para regular las ayudas sociolaborales que él leyó y defendió en tres reuniones de viceconsejeros, los llamados «consejillos».

El fiscal preguntó a Fernández si conocía que en la dirección de Guerrero trabajaba personal externo a la Consejería, como trabajadores de la empresa Umax. A este respecto indicó que conocía al jefe de servicio y que en este asunto «los políticos pintamos poco o nada, salvo en los puestos de libre designación».

«En la Administración hay muy pocos puestos digitales», afirmó. No obstante, el exconsejero, que está licenciado en Derecho y se ha dedicado a la política desde 1983 hasta 2010, ha confirmado que él decidió reforzar el equipo de Guerrero con la incorporación de Ramón Díaz Alcaraz, que luego fue parlamentario del PSOE en Andalucía.

«Decidí que ayudara a Guerrero en el asesoramiento de conflictos laborales», dijo. Puntualizó que su tarea no era administrativa «porque ni sabía ni tenía competencias».

Fernández sostuvo que todo lo que se trataba en el consejo rector del IFA eran «procedimientos que gozaban de presunción de legalidad, nada que no fuera avalado por el Gabinete Jurídico», lo que hizo extensivos a los convenios firmados entre el IFA y la Dirección de Trabajo para dar las primeras ayudas sociolaborales.

En el interrogatorio no han faltado las reflexiones de carácter personal. Cuando el fiscal le preguntó por los reparos que puso el interventor a las ayudas a Hijos de Andrés Molina, las primeras ayudas sociolaborales que dio la Junta antes de establecer un procedimiento, Fernández contestó que «en mi vida me han pasado cosas muy bonitas y cosas demasiado dolorosas».

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