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Caso ERE Andalucía: Fernández alega que ningún alto cargo le pidió ayudas a empresas «por interés personal»
El exresponsable andaluz de Empleo ha reconocido que los préstamos que no se pagaban se endosaban a la partida de los ERE como ayudas
Martes 3 de abril de 2018, por CGT DELPHI
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Antonio Fernández García, exvicenconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 1995 y 2004 y consejero del ramo desde esta fecha hasta 2010, ha declarado este martes en el juicio de la pieza política del caso ERE que en sus casi 20 años de vida política «nadie me ha dado una orden de que concediera algo alguien» por «interés personal o territorial» en alusión a las ayudas bajo sospecha.

Fue su respuesta al fiscal Juan Enrique Egocheaga cuando éste le preguntó si algún alto cargo autonómico había contactado con él para que favoreciera a una determinada empresa con la concesión y pago de una ayuda sociolaboral o directa con cargo a la partida presupuestaria 31L, el programa de los ERE.

Tras exhibir la Fiscalía en el juicio una carta por la que el delegado del Gobierno andaluz en Jaén aludía al pago de una ayuda a la antigua fábrica cárnica Primayor con cargo al fondo de los ERE y al interés del exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, Fernández ha replicado que Zarrías «nunca me ha dicho que resolviera nada» y que los altos cargos y parlamentarios le han podido preguntar por crisis empresariales que afectaban a «sus territorios» pero no para pedirle ayudas concretas.

La de hoy es la cuarta sesión dedicada al interrogatorio de Antonio Fernández, el ex alto cargo que más tiempo ha consumido hasta ahora en una declaración ante el tribunal que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por crear y mantener un procedimiento para repartir 855 millones de euros de manera arbitraria en ayudas para la prejubilación y a empresas en crisis entre 2000 y 2011. Entre los acusados están los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El único exconsejero de la Junta de Andalucía que ha estado en prisión (tres meses y medio) por el caso ERE, que se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público, ha reconocido que los préstamos concedidos a empresas que no se devolvían se cargaban a la partida 31L.

El fiscal le preguntó si la empresa beneficiaria de dicho préstamo con fondos públicos sabía que no tenía que devolverlo. Fernández, que está acusado de supuestos delitos de prevaricación y malversación, ha contestado que «no sé qué conocía la empresa y estoy seguro de que nadie le decía que si no se pagaba no iba a pasar nada». «No es propio de un operador político operar de esta manera», ha puntualizado.

El representante del Ministerio Público le cuestionó si fue informado de la transformación de préstamos impagados en ayudas con cargo a la partida 31L al hilo de un préstamo concedido a Promi por el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Éste pidió autorización a la agencia pagadora de las ayudas, IFA/IDEA, para transformar en ayuda un préstamo de 3,6 millones de euros que la fundación Promi no podía devolver. «Normalmente, no. Si yo tuviera que ser informado de todas las decisiones de los directores generales, no tendría tiempo material para escuchar toda la información», ha respondido.

Preguntado por los motivos del cese del entonces director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha indicado que el PSOE volvió a ganar las elecciones autonómicas en 2008 y «llegado un nuevo tiempo decidí cambiar a la mitad del equipo de la Consejería, entre ellos el señor Guerrero».

Ayudas anómalas Además, el exconsejero de Empleo ha relatado que mandó «revisar» toda la gestión de Guerrero a su sucesor en la Dirección de Trabajo, Juan Márquez, pero ha matizado que esta directriz no se basaba en una desconfianza. «Si el verbo revisar no tiene connotaciones negativas, le dí el verbo revisar y ver lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal».

Como resultado de este trabajo de comprobación llevado a cabo por Márquez, el exconsejero ha explicado que su subordinado acordó dejar de pagar algunas ayudas. Así sucedió con el entramado de empresas creadas por los exconcejales socialistas de El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo (ya fallecido) y José María Sayago. Un socio de ambos, el Grupo Barbadillo, tuvo una reunión de alto nivel con miembros de la Consejería para que desbloqueara el pago de ayudas comprometidas por Guerrero.

El ex alto cargo ha señalado que tales ayudas podían ser anómalas y «se le cortó el dinero» en la etapa de Juan Márquez, que ocupó el cargo entre 2008 y 2009. Los motivos son que se descubrió «una concentración de ayudas en el mismo domicilio social y no cumplimiento de los requisitos generales». También se revisó el pago de la ayuda al segundo ERE de Mercasevilla en 2007.

Antonio Fernández negó que diera instrucciones a su viceconsejero Agustín Barberá para hacer un seguimiento de las ayudas desde el punto de vista de la distribución territorial. En este sentido ha asegurado que «la necesidad nace naturalmente» en función de los cierres de industrias que se producen.

Tras el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción, el tribunal ordenó que se leyera su declaración ante la anterior instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, quien tras tres días de comparecencia judicial lo envió a prisión a las ocho de la mañana del 24 de abril de 2012, coincidiendo con la Feria de Abril de Sevilla. Esta lectura se produce a instancias de la acusación popular del PP andaluz. Lourdes Fuster, que representa a esta parte, argumentó que, dado que Fernández no ha ratificado estas declaraciones, se da «el supuesto de contradicción suficiente para dar lectrua a sus declaraciones».

El presidente del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, Juan Antonio Peña Calle, ha dado la razón a esta acusación popular, pese a que la defensa del exconsejero se opuso a la lectura esgrimiendo «razones de orden material y de orden procesal» y en concreto de «economía procesal», toda vez que Fernández está declarando y su lectura puede consumir varias sesiones del juicio.

Tras un breve debate, el magistrado Juan Antonio Peña ha ordenado la lectura de las actas de su declaración ante la juez Alaya apelando a las «garantías de contradicción» que pueda producirse entre lo que manifestó entonces y ahora. Además, adujo que ello le permitirá contrastar ambas declaraciones. La lectura de estas manifestaciones consumirá al menos dos sesiones del juicio, lo que retrasará aún más las declaraciones de Griñán y Chaves, que podrían coincidir con el lunes y martes de Feria.

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