CGT Delphi Cádiz
[PORTADA] :: Foros :: Inscribirse/Recibir novedades :: Redacción :: Contactar :: Toda la Web :: Seguir la vida del sitio RSS 2.0
Estás aquí: Portada > DTS > Chaves y Griñán: del Tribunal Supremo al banquillo
Chaves y Griñán: del Tribunal Supremo al banquillo
El miércoles 11 está previsto que declare el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán
Martes 10 de abril de 2018, por CGT DELPHI
0 comentarios   

El miércoles 11 de abril, si no cambia la agenda del juicio, no será un día cualquiera en la cuarta planta del edificio de la Audiencia de Sevilla, en la sala de vistas que acoge desde el 13 de diciembre el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta. Por primera vez en la historia de la Autonomía, uno de sus expresidentes, José Antonio Griñán, ocupará la silla central de la sala, de frente ante el tribunal que lo juzga, para declarar como acusado en un episodio de corrupción que afecta al Gobierno andaluz, la llamada pieza política del caso ERE.

Tras el interrogatorio de José María Mohedano, el abogado del exconsejero andaluz de Hacienda (2004-2009) y expresidente de la Junta (2009-2013), la semana que viene llegará el turno del antecesor de Griñán al frente del Ejecutivo desde 1990 hasta 2009, Manuel Chaves. Sentados desde el inicio del juicio en la primera fila de una nutrida bancada, los dos históricos referentes del PSOE –del que se dieron de baja tras ser imputados por el Tribunal Supremo en 2015– han intercambiado impresiones, compartido gestos de aprobación y dejado escapar algún rictus de reproche al escuchar a los 19 acusados que han comparecido antes que ellos. Están procesados por diseñar y perpetuar durante más de una década un procedimiento para burlar los controles de la Intervención General de la Junta en el reparto presuntamente ilegal y arbitrario de 855 millones en ayudas a empresas en crisis y prejubilados.

Ratificar sus declaraciones Conforme al guión seguido por los fiscales Anticorrupción, la primera pregunta a la que deberán responder los exmandatarios será si ratifican las declaraciones que prestaron en el Supremo en abril de 2015. Ambos coincidieron en que no conocían el sistema supuestamente ilícito que los ha llevado ante el tribunal, ni el convenio marco de 2001 que lo instauró. Tampoco fueron alertados de ningún fraude o menoscabo de fondos, argumentos sobre los que han construido su red de protección exculpatoria.

Más allá de estos «lugares comunes» ya transitados por otros acusados, las 68 páginas que ocupa la transcripción literal de la declaración de Griñán ante el Supremo y los 48 folios que recogen el testimonio de Chaves, encierran algunas afirmaciones que contradicen el espíritu de no agresión que impera, con contadísimas excepciones, entre los acusados en el juicio.

Informes que no llegaron José AntonioGriñán, que se enfrenta a una pena de seis años de cárcel y treinta de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación y malversación, llegó a admitir que fallaron los protocolos de vigilancia y que dichas irregularidades debían tener consecuencias penales. Además, situó el cortocircuito del sistema de ayudas en la Dirección de Trabajo y la Consejería de Empleo, a las que apuntó directamente, porque Hacienda ni conocía el procedimiento ni tenía competencias para frenarlo, entre otras cosas, porque nunca recibió los informes con reparos que el interventor sostiene que envió a su despacho. «Ninguno de esos informes, insisto, llegó al consejero».

«Yo asumo mi responsabilidad política y entiendo que lo que ha ocurrido con este asunto es una barbaridad», dijo Griñán En un arranque de espontaneidad, recuerda que dejó la Presidencia de la Junta por este caso: «Yo asumo mi responsabilidad política y entiendo que lo que ha ocurrido con este asunto es una barbaridad. Una barbaridad. Y que es verdad que todas estas ayudas, que se han dado de una manera yo no diría aleatoria pero con poco rigor, merecen un reproche. Político y penal». Fue su respuesta al fiscal después de que éste llamara la atención sobre el «déficit absoluto de tramitación y control de ningún tipo». A renglón seguido, Griñán salvó su gestión en Hacienda y la de la Intervención –a la que contradijo acerca del envío de los informes que cuestionaban el abono de ayudas–. Tildó el comportamiento de ambos como «irreprochable».

Poco antes había depositado en la Intervención toda la presión para frenar las irregularidades. Expuso que cuando saltó el escándalo de los ERE preguntó y «se me informa de que todas las observaciones que se hacen en esos informes pueden perfectamente ser subsanadas por la propia Intervención. Que no es menester que intervenga el consejero, a menos que se solicite por la Intervención».

Griñán relató que, siendo consejero de Economía, «lo único que sabía es que había un programa, el 31L, de ayudas sociolaborales», pero ahí acaba su conocimiento. «Es muy fácil decir que tenía que conocer todo el mundo cómo gestionaba Empleo. Pues no. Sabría Empleo cómo lo gestionaba, yo no tengo ni la más remota idea». Admite que el control tenía fallos: «Tenía que haber habido una fiscalización previa». Pero, «claro, eso se sabe posteriormente». Llegados a este punto, el representante del Ministerio Público le hace dos veces la misma pregunta: «¿Nadie se entera de nada». El exdirigente lo ilustró sobre la separación de poderes en su respuesta: «Nadie tiene obligación de saberlo. Nadie. ¿Por qué? Porque quien tiene la competencia la ejerce». Por si no había quedado claro, luego lo subraya con más rotundidad: «Insisto, no era el presupuesto el que delinquía, sino la gestión del gasto».

«Petardos» en la Junta Chaves, que se enfrenta a 10 años de inhabilitación por supuesta prevaricación en el caso ERE, se cuidó mucho de señalar a sus consejeros. En cambio, se mostró implacable con el interventor, que también está acusado: «Siempre me pregunto si el interventor llegó a la consideración de que el incumplimiento era grave, siempre me hago la pregunta ¿por qué no elaboró y elevó al Consejo de Gobierno el informe de actuación? ¿Por qué no lo hizo para que yo me enterara?».

El desconocimiento fue la bisagra sobre la que giraron sus respuestas de principio a fin. «En ningún momento he tenido constancia de ninguna ilegalidad, no lo hubiera permitido». Explicó que no se leía todos los informes que llegaban al Consejo de Gobierno: «Porque entonces me hubiera pasado todo el tiempo de mi presidencia de la Junta leyendo papeles». Chaves replicó que «a mí no me avisó y a mí no me informó» al ser preguntado por su exconsejero Antonio Fernández, quien declaró a la juez Mercedes Alaya que el Consejo de Gobierno conocía el sistema de ayudas. «Yo vuelvo a decirlo, la Junta de Andalucía es algo muy grande, con muchos directores generales, delegados de empleo...», se excusó.

El expresidente admite que conocía los grandes conflictos laborales en empresas cuyos trabajadores se prejubilaron con ayudas como Hijos de Andrés Molina, Delphi o Santana. ¿Cómo no los iba a conocer? «Los tenía debajo de mi balcón o cuando iba a un acto público los tenía delante, manifestándose con sus problemas». También fue consciente del conflicto creado con el cierre de minerías en Huelva, cuyas prejubilaciones financiaron la Junta y el Estado. «Me acuerdo perfectamente porque los tuve otra vez enfrente soltando petardos delante de la Presidencia», rememoró.

Comentar este artículo
Esqueleto "AulaLibre 3.0" desarrollado por   CGT  para SPIP | Con   FIREFOX  nos veremos mejor ;-)
Creative Commons License Los contenidos de este sitio están bajo una licencia de Creative Commons.