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Una extrabajadora afectada por los ERE asegura que Griñán «lo sabía todo, todo, todo»
Manuela Hurtado se dirigió al expresidente de la Junta tras su despido improcedente de Surcolor, quien la evitó por tener «una agenda muy apretada»
Jueves 24 de mayo de 2018, por CGT DELPHI
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Nuevos testigos han comparecido este miércoles en el juicio de la pieza política del caso ERE que se está juzganzo en la Audiencia Provincial de Sevilla, entre ellos Manuela Hurtado Navarro, extrabajadora de Surcolor que, junto a 23 compañeros, fue «obligada» a dejar su trabajo tras la aplicación de un ERE en 2006. Despido que más adelante fue ratificado de «improcedente» por el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) y por el que se le concedió una indemnización de más de 100.000 euros.

Nadie le dijo, según ha asegurado, que el dinero de la póliza lo pagaría la Junta, sino que se entera de todo cuando se pone en contacto con Juan Ignacio Zoido, por entonces en el Ayuntamiento de Sevilla, por los impagos que sufre y en la respuesta le explican la situación en la que está inmersa.

Ante la continuidad de los impagos, Hurtado se puso en contacto con el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, también investigado en la causa, que le respondió que «tenía la agenda muy apretada y no nos podía atender», pero según ha afirmado, el expresidente «lo sabía todo, todo, todo».

También se dirigió al Defensor del Pueblo Andaluz, que le respondió que «era un problema de trabajadores», y consiguió reunirse con el exdirector general de Trabajo Daniel Rivera, también imputado, que le prometió que les pagaría. Según ha manifestado, la palabra «Junta» estaba «prohibida para los sindicatos, que me crucificaron por moverme y porque no les interesaba que denunciara», ha añadido.

La testigo, antes de concluir, ha expresado que en 2006 se vio «en una condiciones que consideraba legales, jamás me imaginé que iba a estar en un proceso de ilegalidad. Lo que yo he sufrido durante doce años con los ERE..., he sido una trabajadora honrada. Si yo llego a saber todo esto lo denuncio desde primera hora».

Problemática de Bilore Por su parte, Antonio Jesús Mena Calvente, quien fuera director del Área de Planificación y Seguimiento en la Consejería de Presidencia entre los años 2003 y 2008, ha negado durante su comparecencia también como testigo que desde el gabinete de Presidencia de Manuel Chaves se pidiera solucionar la problemática de los trabajadores de Bilore antes de una visita del expresidente andaluz a Lucena (Córdoba), donde se ubicaba la empresa.

El Ministerio Fiscal ha preguntado a Mena por un fax que remitió el 12 de febrero de 2004 al jefe de gabinete de la Consejería de Empleo, Carlos Márquez, en el adjuntaba una carta entregada por los trabajadores de Bilore, que cerró a finales de 2003, a Chaves durante una visita a Osuna (Sevilla) días antes de la fecha del fax. En el fax, Mena le indica a Márquez que «en fecha próxima se visitará -por Chaves- la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos ante la situación de ayer».

Precisamente, durante la sesión de este miércoles también han declarado como testigos dos extrabajadores de Bilore. El primero, Francisco León, ha explicado que, tras el cierre de la empresa a finales de 2003, un grupo de trabajadores, en torno a cinco, se constituyeron como cooperativa para intentar continuar con la actividad de la misma.

Para ello mantuvieron reuniones con Guerrero con el fin de recibir ayuda, buscando, incluso, la colaboración con empresarios que pudieran asumir a los trabajadores que se habían quedado sin empleo, «51 al cierre de la empresa».

Al expresidente Chaves, en su visita a Lucena junto con José Antonio Griñán y Antonio Fernández, según ha declarado otro testigo, le pidieron en una reunión lo mismo, ayuda para reflotar la empresa, «sólo queríamos trabajar».

Como consecuencia de no poder llevar a cabo su propuesta de reflotar la empresa, en 2007 los cinco trabajadores pidieron ayuda a Guerrero, que le dijo que «se podía intentar prejubilarlos y nos pidió la vida laboral».

El exdirectivo de la mediadora Vitalia Jesús Bordallo «nos llevó todos los papeles a Lucena» para que nosotros firmáramos. «Vino de parte de Guerrero», ha afirmado el testigo, que ha señalado que recibía, tras la prejubilación, una cantidad mensual, así como ellos no eligieron la compañía de seguro con la que suscribieron la póliza para el cobro de la prejubilación.

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