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La juez Núñez niega investigar cientos de documentos de las ayudas para formar a extrabajadores de Delphi
La magistrada sigue el criterio de la Junta frente a la de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza otro recurso del PP
Sábado 26 de mayo de 2018, por CGT DELPHI
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La juez María Núñez Bolaños no está por la labor de incorporar a la investigación del Caso Formación los cientos de expedientes de cursos que se impartieron en el Centro de Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando, donde se formaron ex trabajadores de Delphi de la multinacional Delphi Automotive Systems, que se encuentran desde 2014 en un calabozo de la Jefatura de Policía Local de San Fernando.

Así se desprende del auto de 23 de mayo en el que la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla rechaza el recurso de la acusación del PP que consideraba necesario incorporar toda esa documentación a la causa para que sea examinada por las partes.

Los expedientes fueron recabados por la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil a instancias de la juez Mercedes Alaya. El pasado 19 de marzo la UCO envió un oficio a la actual titular del juzgado, María Núñez, en el que consideraba «oportuno» el traslado de la referida documentación a dependencias judiciales. Casi un mes después, la juez acordó en una providencia la retirada y devolución a su procedencia de los expedientes, apoyándose en otro despacho de la UCO de 19 de abril en el que los investigadores explicaban que con posterioridad al 15 de diciembre de 2015 agentes de la Benemérita habían examinado en detalle toda la documentación retirando la que fue considerada de interés para el atestado. El PP recurrió la decisión.

La juez considera que el material sobrante no debe incorporarse a la causa, como pide el Partido Popular, ya que la documentación solicitada es «impertinente e irrelevante», por lo que tampoco debe mantenerse en depósito a disposición judicial y puede devolverse a su origen.

Un párrafo de la UCO El razonamiento jurídico de la magistrada es similar al que realiza como parte el letrado de la Junta de Andalucía, que considera que unir todos los expedientes a la causa «conseguiría aumentar el volumen de una instrucción con una documentación ya de por sí muy extensa con otra documentación que ha sido referida como irrelevante por la propia fuerza de investigación. Lo dicho –continúa el letrado de la Junta– conduciría sin remedio a una indeseable dilatación de la citada instrucción, perjudicando los intereses de todas las partes personadas y en particular los de esta acusación».

Pero ¿es verdaderamente irrelevante la información almacenada en San Fernando? ¿Quién lo dice? Como hace la juez Núñez en su auto, el letrado de la Junta apunta como motivo principal para negarse a la admisión del recurso del PP un párrafo del auto de 19 de abril de la UCO que expone textualmente: «Con posterioridad, al día 15 de diciembre de 2015, agentes de esta Unidad examinaron en detalle aquella documentación y se retiró la que fue considerada de interés y que sirvió de base para la confección del correspondiente atestado. De este acto se levantó igualmente el correspondiente acta».

Para la juez, que también cita el párrafo, eso deja claro que la documentación depositada en el Ayuntamiento de San Fernando «carece de interés». Igualmente el letrado de la Junta esgrime que con esa mención, la Guardia Civil «considera irrelevante la documentación».

Para la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, el que la Guardia Civil retirara la documentación que consideró de interés no es óbice para que el resto sea incorporado en anexo independiente a las diligencias previas «teniendo en cuenta la finalidad de agotar la investigación».

No había suficiente documentación en los expedientes para justificar las subvenciones al Consorcio CTI Precisamente, la Fiscalía refiere entre otros indicios que motivaron la investigación las declaraciones de funcionarios de la Junta de Andalucía, en concreto de la jefa de sección de Control y Seguimiento de Programas en el Servicio de Programas de Empleo de la Junta de Andalucía. Ésta aseguró que no había suficiente documentación en los expedientes para justificar las subvenciones al Consorcio CTI. Sólo algunas facturas pero no la totalidad, posiblemente solo las facturas dirigidas a los verificadores de fondos europeos.

Tras aquel reconocimiento, se procedió por el órgano competente al reintegro de la totalidad de las subvenciones concedidas y abonadas, incoando cuatro expedientes de reintegro por la cuantía de las subvenciones, refiere el escrito del fiscal.

El PP alegó vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que no se uniera toda la documentación a la causa lo que podría impedir un procedimiento con todas las garantías.

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