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La testigo clave del caso ERE implica a Chaves y Griñán en el juicio: «Conocían la gestión de las ayudas»
Rofa, ex asesora técnica de Trabajo, afirma que cuando estalló el escándalo la Junta mandó expedientes «reconstruidos y desordenados» a la juez Alaya
Martes 29 de mayo de 2018, por CGT DELPHI
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María José Rofa, ex asesora técnica de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 2008 y 2011, ha hecho añicos en el juicio del caso ERE la línea de defensa de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, encausados por crear y mantener durante una década un sistema opaco y arbitrario de reparto de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

Durante su declaración como testigo, Rofa, que entregó 1.627 archivos a la Guardia Civil para investigar el caso ERE, ha considerado que Chaves y Griñán «tuvieron conocimiento» de la gestión del programa 31L o «fondo de reptiles» con el que se pagaban las ayudas irregulares que concedía la Dirección General de Trabajo. «Entiendo que sí» lo conocían, ha contestado al letrado del PP andaluz, Luis García Navarro, que le preguntó expresamente por el conocimiento de ambos ex mandatarios, acusados en el juicio de la Audiencia de Sevilla junto a 20 ex altos cargos más autonómicos.

Rofa, que se convirtió en una testigo clave en la instrucción de la juez Mercedes Alaya por su contribución a esclarecer los hechos, ha destacado que a los expresidentes «se les enviaban informes sobre los conflictos, pagos y protestas cada vez que surgía un conflicto» en alguna empresa que solía amortiguarse con las ayudas.

Cuando en noviembre de 2010 salió en la prensa que había salido el primer intruso en un ERE subvencionado a la empresa Mercasevilla en el año 2003, «se le manda información puntual» al entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, acerca del expediente con el intruso, «al igual que se mandaba» cuando había un conflicto sin resolver para evitar que se encontrase una manifestación, ha contestado a una pregunta del letrado del PP.

La extrabajadora, que está investigada en la pieza separada del caso ERE sobre las ayudas a A Novo Comlink, ha señalado también que el ex asesor de la Dirección de Trabajo Ramón Díaz le llamó el 21 de noviembre de 2010, cuando había dejado este trabajo y estaba contratado en la Diputación de Sevilla, para pedirle información sobre la revisión de los expedientes y que el interés provenía de la Secretaría General del PSOE de Sevilla, donde estaba al frente en ese momento el exconsejero de Empleo José Antonio Viera si bien Rofa no supo precisar quién era el secretario general cuando el PP, acusación popular en la causa, le ha preguntado.

La extrabajadora, que llegó a la Dirección General de Trabajo de la mano de Juan Márquez, sucesor de Javier Guerrero, ha afirmado que su jefe, el director, «no se va a meter en los charcos de todas las ayudas que se han dado de motu proprio» sino que «el impuso de estos temas viene desde distintos miembros del Gobierno» según su territorio de procedencia. «Son decisiones del Consejo de Gobierno, de los consejillos o de Presidencia directamente», contestó al letrado del PP. Luego aclaró que se refería a los dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Rofa ha asegurado que «se han reconstruido los expedientes» que se remitieron a la juez Alaya por parte de la Dirección General de Trabajo, bajo el mandato de Daniel Alberto Rivera (exculpado de la causa política del caso ERE). Se sacaron correos electrónicos de Rivera a pesar de que este ex alto cargo mandaba por correo todas las órdenes. Los que se envían a la instructora no incluían los infomes elaborados por Rofa sobre las ayudas y sólo aparecían los correos electrónicos de esta extrabajadora.

La ex asesora de empleo entre julio de 2008 hasta marzo de 2011 ha descrito un escenario de gran tensión en la Junta de Andalucía cuando apareció en la prensa el primer intruso en un ERE financiado por la Junta de Andalucía a Mercasevilla en noviembre de 2010, lo que motivó que durante un fin de semana, del 20 al 21 de noviembre de dicho año, se ordenara una revisión de los expedientes en la sede de la Dirección General de Trabajo. A preguntas del letrado de Javier Guerrero, José Ávila, ha relatado que no se quiso dejar rastro de dicha reunión de trabajo porque «no se quería que se supiera que habíamos estado trabajando allí» en un fin de semana «ante la bomba mediática» que hubiera supuesto.

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