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La juez Núñez ordena ahora investigar una causa contra la Junta de Andalucía abierta hace tres años
La juez encarga un atestado a la UDEF sobre el agujero de 36 millones de euros en los préstamos concedidos por la agencia IDEA a Santana Motor
Martes 26 de junio de 2018, por CGT DELPHI
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La juez María Núñez Bolaños ha dado instrucciones a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que elabore un atestado sobre los préstamos millonarios concedidos por la agencia pública IDEA a Santana Motor.

La orden de la titular de Instrucción número 6 de Sevilla llega tres años después de que la anterior instructora del caso, Mercedes Alaya, abriera esta investigación, como había solicitado la Fiscalía. Mediante una providencia dictada el pasado 30 de mayo, Núñez Bolaños requiere a la UDEF que «se investiguen los hechos a que se hace referencia en el informe unido a las actuaciones». Prescinde para esta investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Esta causa, que apenas ha avanzado desde su apertura el 15 de junio de 2015, trata de determinar si la Junta manipuló un convenio para transformar un préstamo reembolsable de 36,1 millones a Santana Motor en «una ayuda a fondo perdido».

Se investiga si la Junta alteró un convenio para convertir un crédito reembolsable en una ayuda a fondo perdido El punto de partida es un convenio firmado el 17 de diciembre de 2009 entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para el desarrollo tecnológico y de procesos de industrialización de vehículos todoterreno por parte de Santana Motor.

Mediante este acuerdo, IDEA concedió un crédito de 36,1 millones de euros al cero por ciento de interés y un periodo de amortización de diez años con cuatro de carencia. La Intervención General de la Junta de Andalucía emitió un informe de actuación contra esta operación porque se habían incumplido varios preceptos legales.

«Se ha omitido la fiscalización previa» y «se han comprometido gastos y pagos» infringiéndose la Ley de Presupuestos.Todo ello «podría suponer un menoscabo de fondos públicos que han sido entregados a Santana Motor S.A. sin autorización del Consejo de Gobierno, y sin que los mismos hayan sido recuperados por la agencia IDEA dada la situación en que se encuentra la mencionada entidad desde hace varios años», alertó la Intervención.

El texto del convenio fue alterado y «desapareció», entre otras cosas, una cláusula que hacía referencia a la obligación de cumplir los requisitos de información y publicidad.

En un escrito dirigido al juzgado el 16 de junio de 2015, el fiscal pidió ampliar las pesquisas no sólo al convenio sino al conjunto de todas las actuaciones reseñadas en los informes de la Intervención General (compras de inmovilizado y préstamos participativos). Esto es lo que se va a investigar ahora, tres años después de la apertura de esta causa penal.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de delitos de prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos.

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