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La bomba explosiva de los ERE: exconsejeros mienten o confiesan, intrusos cobrando...
Este lunes fue uno de esos días en que la sesión de los ERE mostraba un corpus reluciente más que el sol, pero, como es natural, un corpus delicti.
Martes 3 de julio de 2018, por CGT DELPHI
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El juicio sobre el procedimiento utilizado en el caso ERE para distribuir ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas selectas en función de su proximidad al PSOE y/a los sindicatos, sigue su curso. Pero hay días anodinos y días espectaculares, teniendo ya como base que el desmadre era la norma, la ilegalidad la costumbre, la arbitrariedad la decisión política y el fraude la consecuencia.

Este lunes fue uno de esos días en que la sesión de los ERE mostraba un corpus reluciente más que el sol, pero, como es natural, un corpus delicti. Para empezar, el viceconsejero de Empleo Justo Mañas declaró que el exconsejero Manuel Recio estuvo en la famosa cumbre clandestina de la Consejería en noviembre de 2010 en la que se trató qué hacer con la "bomba explosiva" que se vino encima al conocerse que había intrusos cobrando prejubilaciones.

El quid de la cuestión es que Manuel Recio, que no está procesado, declaró que aquel fin de semana estuvo de viaje en Almería. Sin embargo, el mencionado Mañas y la testigo estrella y protegida de la juez Alaya, María José Rofa, han declarado que estuvo en aquella reunión al menos un día del fin de semana. Si ha mentido en calidad de testigo, se supone debería haber consecuencias.

Recuérdese que aquella cumbre secreta fue convocada por Recio, con presencia del ex viceconsejero Justo Mañas, el exdirector general de trabajo, Daniel Alberto Rivera, la testigo clave, María José Rofa que asesoraba y algunos otros. Se confirmó en sus trabajos que el caso de los intrusos de Mercasevilla, los primeros detectados, era sólo el primero de una larga lista.

Mañas confesó que tras dicha cumbre se intentó ajustar el procedimiento seguido hasta entonces a la ley, afianzando la fiscalización específica de las ayudas y la verificación de los datos de los solicitantes. Es decir, reconoció lo que nunca se hizo antes, fiscalizar y verificar lo cual supone la consolidación de la imagen de un desmadre administrativo sin precedentes.

Daniel Alberto Rivera, enemigo amenazador de la testigo clave María José Rofa, aprovechó igualmente para acusarla de que, tras ese fin de semana, borró todo el archivo informático sobre las ayudas que había en el servidor de la Dirección General de Trabajo. De todos modos, los términos utilizados por este exdirector general, recogidos por La Razón, dan una idea de su personalidad: Les atropelló un "guantazo-realidad", "una dinámica perversa", "un maremágnum", una "situación explosiva", un procedimiento en el que el Interventor de la Consejería no intervino.

Rivera distinguió entre personal de la Junta "contaminado" y "no contaminado" sin que se sepa por qué o quién, pero que fue con los libres de contaminación con el que se colaboró con la Justicia dejando sin pagar los casos sobre los que había duda en la concesión de las ayudas.

El funcionario Rafael Ángel Silva, de la Consejería de Empleo, participó en el 2011 en la revisión de las ayudas investigadas en el caso ERE tras el estallido del escándalo. Ayer en el juicio confirmó que detectaron 188 personas sin derecho a cobrar, entre ellos prejubilados que trabajaban e incluso herederos de ayudas de beneficiarios fallecidos.

Lo que supo después de analizar 69 expedientes es que sólo uno de cada cinco contenía una solicitud de la ayuda y desde 2000 a 2008, no hubo nunca una resolución formal. Encontró 77 beneficiarios que no habían trabajado en las empresas en cuyo ERE figuraban y 111 casos irregulares. Entre ellos, personas que cobraban renta de prejubilación y volvieron a trabajar por cuenta ajena, personas con "rentas vitalicias" y personas que cobraban las pensiones de los beneficiarios una vez que estos habían fallecidos, esto es, las heredaban automáticamente. No vio expedientes de gasto ni mecanismos de control posterior del destino de las ayudas ni informes del gabinete jurídico para la concesión de las ayudas.

Por si fuera poco se encontraron con "pagos cruzados", que así de llamaban a las órdenes que daba la dirección general de Empleo a la agencia IDEA para que con dinero del "fondo de reptiles" o transferencias de financiación se pagaran a otras empresas las ayudas destinadas inicialmente a otras. Pedro de Tena

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