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El escándalo de las tarjetas de la Faffe ya va por 42.000 euros
A los 14.757 gastados en un prostíbulo en Sevilla en 2010 se suman ahora otros 23.000 euros para «gastos personales» según reconoce la propia Junta
Jueves 2 de agosto de 2018, por CGT DELPHI
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El escándalo del uso indebido de las tarjetas opacas de la extinta fundación Faffe de la Junta puede ir a más y convertirse en un factor determinante para el adelanto electoral. Porque lo que era un «hecho deleznable» (palabras del consejero de Empleo), el gasto de dinero público en un prostíbulo, puede que se haya extendido en el tiempo y no haya sido un hecho aislado. Lo que sí está claro por el momento es que las tarjetas de crédito que tenía a su disposición el gerente de la Faffe, Fernando Villén, se usaron «para gastos personales» en más de una ocasión si bien después se devolvió el dinero público utilizado indebidamente.

De momento, ya han aparecido otros 23.000 euros que el gerente de la Faffe gastó entre los años 2004 y 2008 en conceptos que todavía no se conocen pero que no debieron ser los adecuados puesto que hubo un abono en la tarjeta que entonces tenía la fundación.

Así, ya se sabe que las tarjetas asociadas a cuentas de la Junta han gastado indebidamente hasta 42.000 euros sumando los 14.757 euros que se gastaron en el club de alterne Don Angelo de Sevilla en 2010, el gasto en comidas de Navidad por 4.000 euros y los 23.000 euros que ayer desveló el consejero de Empleo que también se habían gastado con la tarjeta y devuelto entre los años 2004 y 2008.

Javier Carnero, consejero de Empleo, comparecía este martes en la comisión de Empleo del Parlamento —en el último día hábil en la Cámara autonómica y a las cuatro de la tarde— para explicar todos los interrogantes sobre el gasto de 14.757 euros en un club de alterne en el año 2010 con fondos de la extinta fundación de la Junta y, sobre todo, por qué no había informado el Gobierno andaluz al respecto a pesar de las reiteradas preguntas de la oposición y a pesar de que disponía de los extractos de gasto de la tarjeta de la fundación Faffe.

Pero Carnero no facilitó ninguna información nueva, se limitó a repetir lo que ya había dicho en anteriores ocasiones, que está dispuesto a llegar al final en la investigación y que «el que la hace la paga». Eso sí. Desveló la existencia de un gasto, cuanto menos sospechoso, de 23.000 euros con otra tarjeta de la Faffe, esta vez la que la fundación tenía asociada a una cuenta de la Caja San Fernando, entre los años 2004 y 2008, «con devoluciones entorno a 23.000 euros, entendemos que para compensar las disposiciones de dinero, por parte del señor Villén, para temas personales con cargo a la tarjeta de crédito que tenía a su disposición exclusivamente para gastos relacionados con su desempeño profesional».

El Gobierno andaluz sostiene que ha descubierto este dato gracias a la revisión y análisis de contabilidad de la Faffe «y ante la falta de respuesta oficial de la antigua Caja San Fernando, ahora La Caixa, que no ha facilitado los extractos de la tarjeta de la Faffe», y que lo ha trasladado al Gabinete Jurídico de la Junta el pasado 24 de julio para que, a su vez, lo entregue en los juzgados que están llevando el caso por la vía penal.

Problema político Pero estas explicaciones no fueron suficientes para los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz. El PP, Podemos e IU pidieron la dimisión o el cese del consejero de Empleo por haber ocultado información sobre este asunto al Parlamento en anteriores comparecencias. Sus palabras no contentaron ni siquiera a Ciudadanos, el socio del PSOE hasta ahora en la Cámara andaluza; todo lo contrario, provocó una seria indignación que se va a convertir en un problema político para el Gobierno de Susana Díaz.

Porque ya sí que hay consenso entre los grupos de la Cámara para convocar una comisión de investigación sobre los gastos de la fundación Faffe. El portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, anunció al término de «la comparecencia sin respuestas» del consejero de Empleo, que había registrado la convocatoria de una comisión de investigación sobre las tarjetas de la Faffe. Esta petición se une a la que ya había registrado el PP, —que ha recibido el visto bueno de la Mesa del Parlamento— y que además contaba con el apoyo de Podemos e IU.

En la práctica esto significa que hay coincidencia entre los cuatro grupos de la oposición para investigar el uso de tarjetas de crédito opacas en la extinta fundación Faffe, lo que obligará al Gobierno andaluz a tener que pasar, de nuevo, por ese trago. Y sería la tercera vez tras la comisión de investigación de los ERE y la de los cursos de formación porque, dejando a un lado los protocolos parlamentarios y las negociaciones posteriores de los grupos, lo cierto es que a la vuelta de septiembre, el pleno del Parlamento votará sobre la creación de esta comisión de investigación. Y, si la Legislatura no termina de forma abrupta, se constituirá y será, de nuevo, un goteo de preocupaciones para los socialistas.

Algunas fuentes consideraban que este paso dado por Ciudadanos supone, de hecho, la ruptura del pacto de investidura con el PSOE y un motivo más para el adelanto electoral. que cada día está más claro. «Algunos nos acusarán de crear inestabilidad pero no es así. Nosotros pensamos que la corrupción es incompatible con la democracia», aseguraba Juan Marín, portavoz de Ciudadanos.

El Gobierno andaluz y el PSOE no quieren volver a pasar por una comisión de investigación; mucho menos relacionada con el uso indebido de tarjetas opacas y todavía menos en este caso en el que, al menos en el que se conoce, se utilizaron para pagar servicios en un club de alterne de Sevilla. Por eso, el grupo parlamentario socialista registró el sábado una iniciativa asegurando que una comisión de investigación sobre la Faffe no tiene sentido puesto que ya se investigó en la de los cursos de formación.

Se trata nada más de una maniobra dilatoria que pretende que esta propuesta del PP, y ahora la de Ciudadanos, no se lleguen a materializar y mueran con el final de la Legislatura.

Incógnitas Una de las claves de este escándalo es por qué había tarjetas opacas en la fundación de la Junta. ¿Quién las autorizó? ¿Quién firmó los contratos? Si tenían límite o no de gasto. Y, sobre todo, si hubo más gastos «personales» como los que ya han salido a la luz.

En este sentido se pronunciaron todos los portavoces de los grupos de la oposición que acudieron al Parlamento para escuchar las explicaciones de Javier Carnero que, por su parte, también acudió arropado por una buena parte de sus asesores incluyendo altos cargos de su departamento.

La portavoz del PP, Teresa Ruiz Sillero, aseguró que «es literalmente asqueroso que se hayan gastado dinero público de los andaluces en un puticlub. Quiero saber quienes participaron en esta juerga y si hay cargos políticos del PSOE aún en activo».

Trece cajas fuertes La diputada del PP pidió conocer «quién pagó los 15.000 euros en metálico en el prostíbulo tras anularse el cargo de la tarjeta, y de dónde salieron esos 15.000 euros, así como el gasto de las 13 cajas fuertes encontradas en las distinta sedes de la Faffe en Andalucía».

El discurso de Juan Marín, inusualmente presente en la comisión de Empleo, fue similar al del PP. «Hay un uso fraudulento, irregular de las tarjetas de la Faffe. Ya tenemos más de 40.000 euros y no sabemos a dónde nos puede llevar. No me creo que alguien le diga a un banco que le cargue el dinero a la Junta. No sabemos tampoco si había límites en esas tarjetas y si su uso debería aparecer en las auditorías».

Desde Podemos, Jesús Romero, insistió en que el consejero «ocultó» información al Parlamento. Tras señalar que la Faffe es «uno de los protagonistas del agujero negro que se puso de manifiesto en la comisión de investigación sobre los cursos de formación», donde su partido solicitó información al respecto que la Junta «nunca facilitó»; ha afeado a los socialistas que adopten «las peores costumbres del PP» como «maniobrar en los juzgados para dar carpetazo a la investigación».

La portavoz adjunta de IU, Elena Cortés, puso el acento en que el dinero público se ha gastado, «ni más ni menos que en explotación sexual de mujeres. No podemos comprender que existiera una cultura de tarjetas a disposición de determinados altos cargos que podrían hacer este tipo de usos».

Desde el PSOE correspondió a la diputada Marisa Bustinduy defender sus argumentos. Así recordó que han pasado por el Parlamento 33 comparecientes «y no sacaron nada en claro». «El archivo de la causa de la formación dejó al PP andaluz con un juguete roto en un asunto en el que ha había habido más ruido que nueces»

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