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Zarrías llevará a la Junta de Andalucía a los tribunales al negarse a pagar la factura de su abogado en los ERE
La Administración autonómica, que está obligada a costear la defensa de ex altos cargos, sólo quiere abonar el 5% de los honorarios de su letrado
Lunes 20 de agosto de 2018, por CGT DELPHI
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La Junta de Andalucía tendrá que costear la defensa jurídica de todos los ex altos cargos que resulten absueltos en la denominada pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos autonómicos, entre ellos los expresidentes autonómicos y exdirigentes del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Dos sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2016 obligan a la Administración a cubrir estos gastos con cargo a los presupuestos amparándose en las propias normas autonómicas. La discusión no se centra en el pago en sí, que admite poca discusión, sino en el cuánto.

Con unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina —Susana Díaz estudia convocarlas para finales de noviembre—, el Gobierno andaluz no está por la labor de afrontar el desgaste político que le acarrería abonar abultadas minutas. Así se lo ha hecho saber a uno de los primeros acusados en pasarle la factura, el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.

La Junta le ha enviado una resolución a quien fuera hombre fuerte en los gobiernos de Manuel Chaves por la que acuerda abonarle sólo el 5 por ciento de los servicios profesionales de Gonzalo Martínez Fresneda, el abogado que ha contratado para su defensa.

El exconsejero se enfrenta a una petición de la Fiscalía de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación por la supuesta ilicitud de un sistema que repartió 855 millones de euros en ayudas entre empresas en crisis y prejubilados, algunos de los cuales ni siquiera trabajaban en las sociedades que presentaron los ERE.

Contrariado por tan drástico recorte que aplica la Junta a sus honorarios, el letrado del exdirigente confirmó a ABC que en septiembre —coincidiendo con la reanudación del juicio tras el descanso estival— interpondrá en nombre de su patrocinado un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Junta de Andalucía para que los jueces resuelvan este embrollo jurídico.

El letrado de Zarrías anuncia que presentará un recurso contencioso para que la Junta asuma el pago íntegro de sus honorarios «No queda otra salida que sean los tribunales los que establezcan un criterio equitativo», lamentó el prestigioso abogado. Martínez Fresneda ha tenido entre sus clientes al exjuez Baltasar Garzón, a quien defendió en la causa abierta por una investigación sobre los crímenes del franquismo, y a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que fue exculpada de un delito contra los sentimientos religiosos por protestar en la capilla de la Universidad Complutense cuando era estudiante.

Zarrías abre así un frente judicial con el Ejecutivo andaluz que, muy probablemente, será secundado por otros ex altos cargos. La Junta participó como acusación en la instrucción del caso ERE que se siguió en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, pero se autoexcluyó del juicio de la pieza principal de la macrocausa al no hallar ningún delito en la actuación de los 22 acusados. Algunos de ellos esperarán a que concluya el juicio para pasar a la Junta la factura de los honorarios.

La minutas de las defensas de los políticos en el caso ERE prometen ser abultadas, como corresponde a un proceso complejo que empezó a instruirse en 2011. El juicio lleva consumidas 290 horas sólo en la sala de vistas.

Dos sentencias del TSJA condenan a la Junta de Andalucía a costear los abogados de ex altos cargos acusados, pero deja en el aire la cuantía El proceso se prolongará durante casi un año y no se espera la sentencia hasta mediados del próximo año. En la bancada de las defensas se sientan algunos de los mejores penalistas del país, autoridades en el campo del Derecho Procesal y bufetes de renombre. Fuentes del caso estiman que el coste de un abogado en un proceso tan dilatado supera los 100.000 euros, según un cálculo prudente.

Eso, lógicamente, hay que pagarlo. Como Zarrías, otros acusados han pasado a la Junta la factura de sus abogados al amparo de las propias normas autonómicas y de las sentencias de 2016, que son firmes. En ellas el TSJA apela al Estatuto Básico del Empleado Público para reconocer el derecho de todo empleado público o autoridad a «la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos».

Sin embargo, el TSJA no marca ninguna pauta para fijar la cuantía. Y es ahí donde surge el desencuentro entre los acusados y la Junta. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso sanciones económicas a varios colegios de abogados, entre ellos el de Sevilla, por fijar baremos orientativos sobre honorarios profesionales. La Junta se basa en la última regulación publicada por el Colegio de Sevilla, ya desfasada, para reducir a una cifra insignificante los gastos jurídicos de Zarrías.

Baremos cuestionados El problema radica en que la citada norma marca unas pautas orientativas a los exclusivos efectos de la tasación de costas cuando hay condena. «La Junta pretende pagar la defensa del juicio del caso ERE como si fuera la que se presta a un acusado en un juicio por un accidente de tráfico», se quejan abogados afectados.

Señalan que, a la hora de cuantificar los honorarios, la Administración «no tiene en cuenta las horas de preparación, las reuniones con otros abogados, el estudio de antecedentes o los recursos presentados», todas las actuaciones que requiere un juicio de tanta trascendencia, que ha tenido un recorrido previo en el TSJA y el Tribunal Supremo para los cargos aforados investigados como Griñán, Chaves o el propio Zarrías, que tenían escaños en el Senado y el Congreso cuando el Supremo los citó a declarar como imputados.

De manera oficiosa, varios letrados tantearon al Colegio de Abogados de Sevilla para que marcara unos criterios, pero esta posibilidad ha quedado descartada por la Junta. Agotada la vía del diálogo, los tribunales tendrán, pues, la última palabra.

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