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Treinta mil ’enchufados’ de la Junta andaluza, pendientes del pacto PP-Cs
Susana Díaz ha mantenido una administración paralela a la oficial El Gobierno en funciones tiene 2.800 trabajadores de libre designación
Miércoles 26 de diciembre de 2018, por CGT DELPHI
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Cada vez que una administración cambia el color de Gobierno, el personal de confianza tiembla, pensando en el frío que hace en la calle cuando llegue el nuevo mandatario. En el caso de la Junta, que pilota en funciones la socialista Susana Díaz, son 2.800 personas las que se encuentran en una situación como ésa. Son los puestos de trabajo de libre designación. Y aunque algunos son funcionarios y podrían volver a sus anteriores puestos, el grueso es susceptible de perder su trabajo, prácticamente ipso facto.

Pero la versión andaluza no solo se conforma con el consabido registro de asesores, jefes de gabinete o personal de prensa. La ley de reordenación del sector público de Andalucía, de 2009-2010, conocida con el sobrenombre de la Ley del Enchufismo, dejó los mimbres para que, a la sombra de la administración autonómica naciera otra administración paralela e incontrolada, que a fecha de hoy alberga 25.000 puestos de trabajo, que, junto a los 2.800 trabajadores de libre designación y los 268 altos cargos suman un grupo de casi 30.000 personas. Hoy, todas esas personas están pendientes de los acuerdos de Gobierno que alcancen PP y Ciudadanos.

A lo largo de la campaña electoral, el concepto de auditoría, de levantar alfombras y abrir ventanas ha sido un clásico, eso sí, con discrepancias por el volumen de la operación de reducción de plantillas, desde una explosión controlada, sin grandes demandas luego en los tribunales -menos de 3.000 personas, señalan desde el PP andaluza-, a los 25.000 que exige Vox.

El partido que lidera Santiago Abascal habla de eliminar uno a uno a los enchufados de la Junta, y llega a pedir la desaparición de Canal Sur. Así lo reflejaba en su programa: "La autonomía ha sido un gran negocio para los políticos que se han beneficiado de ella y sus amplias redes clientelares. Ha sido la ruina".

Sin control Desde que se aprobara la ley de reordenación del sector público, las quejas de los 45.000 funcionarios de la Junta y del personal laboral no han cesado. Reclaman una nueva reforma, o más bien, una nueva Ley de la Función Pública que no acaba por llegar, aparcada en el Parlamento andaluz. Mientras, la Junta gobernada durante 36 años por el PSOE-A ha edificado un entramado paralelo, en el que se ha ido colocando a personas allegadas al Partido Socialista, trufado de algún funcionario.

En la actualidad, de la administración oficial depende la administración de la Junta, las Consejerías y las Agencias Admnistrativas. De la paralela, 21 fundaciones y consorcios, tres Agencias de Régimen Especial (Gestión Agraria, Agencia Tributaria y Servicio Andaluz de Empleo), 18 Agencias Públicas de Empresariales, entre ellas la Agencia Andaluza del Conocimiento; 20 sociedades mercantiles, una de ellas es la de Promoción y Reconversión Económica de Andalucía. A esta lista hay que añadir cuatro instituciones más, donde encontramos el Consejo Audiovisual de Andalucía, el Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo Económico y Social de Andalucía y el Consejo de Transparencia y de Protección de Datos.

Según fuentes del sindicato CSIF de Andalucía, sector de personal laboral y funcionariado, el problema que se plantea en estos momentos en la Junta andaluza es que, al albur de esa ley de reordenación, "se han duplicado funciones, con un personal que no ha concurrido a un puesto de trabajo con los méritos que corresponden, no cuenta con la cualificación requerida y dan un servicio peor", en detrimento del trabajo de los funcionarios. Y todo ello sin contar que la gente que trabaja en la administración paralela "tiene sueldos más altos", sostienen a eE las fuentes consultadas.

Falta de transparencia Que el enchufismo ha sido un problema endémico en la Junta de Andalucía no lo discute nadie, salvo el Partido Socialista, tantos años en el poder. Partidos y sindicatos de funcionarios así lo denuncian. Lo último es la desaparición de datos en el Portal de Transparencia de la Junta, en el que de repente se han evaporado las informaciones relativas a los sueldos de algunos gerentes, como es el caso del de la Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba, la pantalla se estanca en con un "Error 500, el servidor ha encontrado un error interno que le impide mostrar esta página" o, sencillamente la web te indica que no hay ningún contenido en la categoría Empleo público, lo que sucede cuando uno quiere investigar la información del personal del Consejo Consultivo de Andalucía.

Así, bajo el paraguas de la administración paralela con sello del PSOE-A, han crecido agencias sin pies ni cabeza, de las que ni siquiera la Cámara de Cuentas de Andalucía se atreve a ofrecer datos de su verdadero estado financiero.

Ahora bien, pulirse a este gigante descontrolado no va a ser sencillo y poner orden será cuestión de tino, advierten desde el sindicato CSIF. Se trata de un sector en el que muchos de sus trabajadores han consolidado una serie de derechos, por lo que de inmediato se dirigirán a los tribunales. Por eso, recomienda esta central sindical, lo mejor sería reciclar a ese personas -porque la Junta necesita 20.000 personas más- mediante oposiciones o concurso oposición, o bien transformarlos en personal temporal.

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