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La Junta de Andalucía tiene en nómina a 1.118 trabajadores sin definir qué hacen
El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, admite que «no cuenta» con un catálogo de estos puestos de trabajo
Martes 19 de febrero de 2019, por CGT DELPHI
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El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) acoge en su plantilla desde el año 2011 a 1.118 trabajadores procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) sin tener definidas sus funciones. El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, del que depende esta agencia, ha reconocido que «no cuenta» con un catálogo de estos puestos de trabajo. Es decir, carece de un documento que determine qué hacen y cuáles son los sueldos y complementos del numeroso grupo de personal integrado hace cinco años en el organismo de la Junta que gestiona los servicios destinados a los desempleados. Su integración en el SAE se consumó al amparo de la ley de reordenación del sector público andaluz.

El catálogo de puestos de trabajo es un instrumento que contiene la descripción de cada puesto de trabajo, la dedicación y las retribuciones. Esta versión reducida de la Relación de Puestos de Trabajo permite a las administraciones públicas determinar «la adecuada y eficaz aplicación de los recursos públicos» de cara a «la consecución de los objetivos de gastos», según la Ley de Presupuestos.

La indefinición con la que operan estos 1.118 trabajadores ha salido a la luz en la respuesta del consejero de Empleo a una batería de preguntas formuladas por el PP acerca del personal del SAE, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. El responsable autonómico contestó el 8 de enero que «el catálogo de puestos de trabajo de la Agencia se encuentra en elaboración, por lo que el Servicio Andaluz de Empleo no cuenta con dicho documento».

Era su respuesta a una interpelación del mes de agosto realizada por las diputadas del PP Teresa Ruiz-Sillero y Patricia del Pozo, que le preguntaron «cuál es el catálogo de funciones y puestos del personal laboral procedente de la extinta Faffe y el número de personal procedente de la misma que presta servicios en unidades o centros de la Red Andalucía Orienta».

Parte de este personal se dedica a gestionar la red pública de centros de orientación a parados Sobre este último asunto, Maldonado fue parco en detalles y señaló que «sólo parte de las unidades» de este servicio de asesoramiento laboral a desempleados «son competencia del SAE, siendo el personal que la integra personal laboral propio de la agencia». Entre los ex Faffe subsisten hasta seis categorías diferentes: un directivo, nueve «mandos», 22 «mandos intermedios», 784 técnicos, 161 administrativos y 141 clasificados como personal de «apoyo».

Junto a este «ejército» de laborales sin unas tareas delimitadas, conviven en la agencia pública de empleo otros 1.297 trabajadores que tienen unas funciones acotadas en un documento. El denominado «personal de catálogo» incluye a 916 funcionarios, 73 interinos incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), 286 interinos contratados con fondos europeos y 267 laborales fijos.

El número total de plazas que recoge la RPT de la agencia es de 2.966 plazas, «estando actualmente ocupadas 1.550 plazas». Es decir, el 48 por ciento de los puestos (1.416 en total) con que cuenta el organismo que aglutina las políticas de empleo está sin cubrir en una comunidad autónoma donde cada día 972.228 andaluces se despiertan sin ocupación y no se desarrollan acciones formativas desde 2011.

Una integración polémica Los 1.118 trabajadores de la extinta Faffe encontraron acomodo laboral en el Servicio Andaluz de Empleo gracias a la polémica ley de reordenación del sector público, que dio cobertura legal a la eliminación de 111 empresas públicas para agruparlas en 14 grandes agencias. La decisión del Gobierno andaluz, bajo el mandato de José Antonio Griñán, se encontró de frente con los sindicatos con más respaldo entre los funcionarios de la Junta, que pidieron con desigual éxito su derogación en los tribunales y cuestionaron un plan que, a su juicio, buscaba hacer empleados públicos por la puerta de atrás a miles de asalariados provenientes de la administración paralela.

Tras disolver la citada fundación, que estaba adscrita a la Consejería de Empleo, sus más de 1.500 trabajadores pasaron a integrarse en el SAE. Precisamente, Mercedes Alaya, la anterior instructora de la causa abierta por el supuesto desvío de subvenciones concedidas por la Junta para cursos de formación, identificó a la Faffe como una de las denominadas «bolsas de fraude».

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