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Seis años de cárcel para Griñán y nueve de inhabilitación para Chaves
El fallo sólo absuelve de todos los cargos al ex interventor de la Junta Manuel Gómez Martínez y al ex jefe del Gabinete jurídico Francisco del Río Muñoz.
Martes 19 de noviembre de 2019, por CGT DELPHI
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La dura sentencia del caso de los ERE, conocida este martes, ha sido el peor de los epílogos para el final de los mandatos socialistas en la Junta de Andalucía. Un presidente, Manuel Chaves, y su sucesor, José Antonio Griñán, algo más de media historia del PSOE andaluz desde 1982, salen condenados. El primero, inhabilitado por prevaricación, y el segundo, a seis años de prisión por un delito continuado de malversación. Aunque ninguno de los condenados ocupa ni cargo público ni puesto orgánico en el PSOE andaluz, este partido necesitará de muchos años para digerir esta sentencia. Todas las responsabilidades políticas se fueron asumiendo con el paso de los días de instrucción, pero la argumentación socialista para ejercer el control sobre el actual Gobierno de Juanma Moreno se queda muy mermada.

EL PSOE ANDALUZ TARDARÁ AÑOS EN DIGERIR ESTA CONDENA

Manuel Chaves ha sido el presidente de la Junta que más tiempo se ha mantenido al frente del Gobierno, casi 20 años, a los que hay que sumar los tres de José Antonio Griñán. Ambos fueron, además, ministros en el Gobierno de la nación -con Felipe González y Zapatero-, presidentes de la Ejecutiva federal del PSOE y secretarios generales del partido en Andalucía. Son parte esencial de la reciente historia andaluza. De ambos es Griñán quien sale peor parado, con penas de prisión por malversación. Ello se debe a que Griñán fue, antes que presidente, el consejero de Economía, y es precisamente ésa la línea roja que ha trazado el tribunal: condena con penas de prisión por malversación a los consejeros que intervinieron en torno a las ayudas de los ERE, que son las de Economía, Industria y Empleo. Pero es, además, eleva la responsabilidad hasta la altura que defendió la instructora Mercedes Alaya: hasta el Consejo de Gobierno. No con cárcel, pero sí con inhabilitación debido a un delito continuado de prevaricación.

Aunque ninguno de los condenados está en activo en la política, el PSOE andaluz sufre el peor de los varapalos después de que en diciembre de 2018 perdiese la Junta de Andalucía por una coalición de PP con Ciudadanos, y el apoyo de Vox. Las condenas de los ex presidentes y ex consejeros supondrá una dura losa con la que tendrán que cargar los actuales responsables del PSOE andaluz, no ya por su implicación, sino por el peso de la memoria.

La ex presidenta Susana Díaz, hoy secretaria general del PSOE andaluz, no tuvo cargo alguno en el Gobierno andaluz durante los hechos juzgados, y en el partido ocupaba diversos cargos en la provincia de Sevilla. Fue elegida a propuesta de Griñán y, después, refrendada en las urnas por los militantes socialistas. En el debate diario, tendrá que hacer frente a la pérdida de la Junta y a las alusiones a la sentencia. Susana Díaz no ha valorado la sentencia, dejó que fuese su secretario de Organización, Juan Cornejo, quien pusiese el rostro; del mismo modo, en Ferraz compareció José Luis Ábalos.

La posición para la dirección andaluza es terrible. La sede socialista de San Vicente es un funeral, y no sólo por el afecto que se mantiene hacia las personas condenadas y, en especial, a los ex presidentes andaluces. La actual Ejecutiva andaluza no está formada por personas de aquella etapa, pero el partido queda lastrado por lo que debería ser su aval: la gestión de la Junta. A nivel nacional, tanto PP como Ciudadanos intentarán establecer el paralelismo con la sentencia del caso Gürtel y la moción que le costó el Gobierno a Mariano Rajoy. Sánchez no tuvo relación alguna con la Junta en todos esos años, y fue él quien más presionó para que Chaves dejase su escaño en el Congreso.

Además de los ex presidentes, sale condenado Gaspar Zarrías, que ha sido una de las personas con mayor mando en la Junta después de Manuel Chaves durante más de una década. Fue secretario general del poderoso PSOE de Jaén. Y antiguos consejeros de mucho peso arrastran penas de prisión: los de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; la de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el de innovación Francisco Vallejo. Viera también lideró al PSOE en la provincia de Sevilla.

Avalada la acusación de Alaya El tribunal ha avalado, casi al cien por cien, la tesis de Mercedes Alaya: era el Gobierno andaluz, en último término, el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves el que daba el visto bueno a las ayudas por dos motivos, porque las colocaba en el proyecto de Presupuestos anuales de la Junta y porque aprobaba las modificaciones presupuestarias cuando la partida se agotaba. Este aspecto es esencial para los casos de Chaves y del consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, otro de los hombres claves de los últimos 30 años del socialismo andaluz.

La sentencia dice que la decisión de conceder las ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Gobierno andaluz en su conjunto. Éste pudo ser el talón de Aquiles de la tesis de Mercedes Alaya y el tribunal ni roza esta parte ósea. Desde ese punto de partida se explican las duras condenas contra José Antonio Griñán, del que el tribunal asegura que "era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó". A su Consejería fueron enviados los reproches que realizó el interventor general y los informes del control financiero de las empresas públicas.

En ese sentido, explica el ponente que el Gobierno andaluz conocía las irregularidades porque el Presupuesto que enviaba cada año al Parlamento no describía bien, sino de modo falso, los ingresos del Instituto de Fomento Andaluz, que era la entidad pagadora. Las ayudas a los trabajadores de los ERE creaba desfases que debían ser reparados por la Consejería de Hacienda y, en última instancia, por el Consejo de Gobierno La Audiencia de Sevilla ha cifrado el fraude de los ERE en 679.432.179,09 euros, la misma cantidad que al final del juicio estableció la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de conclusiones definitivas, pero en la sentencia no se fija ninguna responsabilidad civil porque el propio Ministerio renunció a las mismas al "haberse reservado expresamente la representación procesal de la Junta de Andalucía el ejercicio de la acción civil".

La sentencia de los ERE señala en sus hechos probados que el montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y 31L que se dispuso año a año, en el periodo investigado (2000-2009), para las ayudas sociolaboras y a empresas ascendió a esos casi 680 millones de euros: En el ejercicio 2000 ascendió a 6.977.751 euros; 86.022.863 euros (en 2001); 66.538.654 euros (2002); 55.646.899 euros (2003); 42.472.719 euros (2004); 73.061.471 euros (2005); 86.591.000 euros (2006); 86.656.003 euros (2007); 94.744.185,09 euros (2008) y 80.720.634 euros en 2009

Seiseis años de cárcel para Griñán y nueve de inhabilitación para Chaves Dice el tribunal con respecto a las ayudas sociolaborales que "al no haberse publicado unas bases reguladoras de estas ayudas, que garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, al no publicarse su concesión, y no registrarse, como era obligado, en la Base de datos y subvenciones de la Junta de Andalucía, se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas, un importante número de trabajadores afectados por el desempleo o/y situaciones de crisis empresarial".

Los jueces indican además que "al no establecerse el más mínimo mecanismo de comprobación de la pertenencia al colectivo afectado, de las personas beneficiarias de las pólizas, personas que nunca han pertenecido al mismo, han percibido rentas de pólizas abonadas por la Consejería de Empleo", en alusión a la aparición de los denominados "intrusos".

Y la no exigencia de justificación alguna, ni de seguimiento de la situación laboral de los beneficiarios, "permitió que un número de ellos siguiese percibiendo las rentas, aun habiéndose incorporado al mercado laboral", añade.

En cuanto a las ayudas a empresas en crisis, "al no haberse efectuado una convocatoria de estas ayudas que garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, al no publicarse su concesión, como era exigida, y no registrarse, como era obligado, en el registro de la base de datos y subvenciones de la Junta de Andalucía, se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas, un importante número de empresas en situación de crisis económica". Además, un gran número de estas ayudas carecían de un objeto concreto, respondiendo a fines muy diversos, entre otros, pago de nóminas, pago de deudas, pago de minutas por asesoramientos jurídicos, pago de avales.

La Audiencia también declara probados que los fondos del programa 31L, conocido popularmente como el "fondo de reptiles", se emplearon también en fines distintos y ajenos a los recogidos en las fichas presupuestarias del mismo, entre ellos para la cesión al sistema de emergencias 112 de Andalucía de las dependencias correspondientes a la sexta planta del edificio Pabellón de Italia, la financiación del programa del voluntariado de los juegos del Mediterráneo en Almería en 2003, la financiación de las subidas salariales a los trabajadores de la limpieza pública de Granada, la colaboración en 16 muestra de artesanía y jornadas relacionadas con el empleo por municipios andaluces entre 2002 y 2004 -de los cuales 14 eran gobernados por el PSOE, uno por el PA y uno por IU, dice el tribunal-, y también para el pago de cursos de alta dirección de un centenar de personas.

Chaves y Griñán eran "plenamente conscientes de la patente y palmaria ilegalidad" de las ayudas Considera que las ayudas se concedieron por una "decisión política" que no partió de la Consejería de Empleo, sino que era una "decisión del gobierno en su conjunto" y tenía que pasar por el superior jerárquico: el presidente de la Junta.

La Audiencia de Sevilla reprocha a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros ex altos cargos que han sido condenados, que eran "plenamente conscientes de la patente y palmaria ilegalidad" de los actos en los que participaron y que, según el tribunal, permitieron que se produjera el fallo de los ERE.

La sentencia señala que la decisión de dar estas ayudas sociolaborales y a empresas en crisis durante una década "no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto". El resultado de esta "decisión política lo encontramos en la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por procedimientos de reestructuración o crisis empresarial, a finales de los años 90".

Sentencia de los ERE: Chaves y Griñán condenados Por ello, continúa el tribunal, "resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta de Andalucía".

Tras los problemas sufridos en los expedientes de ayuda a Hijos de Andrés Molina (Hamsa) y otros expedientes, se toma la decisión de cambiar totalmente el modo de proceder. "Si hasta entonces se había optado por la tramitación de expedientes de subvenciones excepcionales para canalizar la entrega de fondos públicos, a partir del 18 de abril del año 2000, se opta por la utilización de la transferencia de financiación al IFA".

Este cambio "no era un cambio menor, un mero cambio del tipo de expediente, sino que suponía un cambio en la presupuestación". Por ello, "resulta impensable que el Consejero de Empleo tomara esta decisión por sí solo. Máxime cuando tenía que contar con el beneplácito de la Consejera de Economía y Hacienda, para poder utilizar la aplicación presupuestaria de transferencias de financiación, a sabiendas de que se iban a seguir dando subvenciones excepcionales, cuyo cauce presupuestariamente adecuado, seguía siendo las partidas 47 y 48". Precisamente, la trascendencia de este cambio, y su necesario reflejo en la presupuestación, "hace también impensable que esta decisión fuera asumida exclusivamente por la Consejera de Economía y Hacienda. Sino que exigió de la decisión del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta, Manuel Chaves".

Este cambio en la clasificación económica del gasto, mediante el uso de la transferencia de financiación, suponía que, al traspasarse los fondos desde la consejería de empleo al IFA, se iba a omitir la fiscalización previa de las ayudas que se pensaban seguir dando con cargo a esa partida.

Este cambio de actuación, "consentido por el presidente de la Junta", se plasmó por primera vez en la aprobación por el Consejo de Gobierno, de la modificación presupuestaria de 18 de abril del año 2000, que supuso la sustitución, "indebida e ilícita", de las partidas presupuestarias 47 y 48, por la 440, transferencia de financiación al IFA en materia de relaciones laborales, dentro del programa 22E.

Con la citada modificación presupuestaria, al igual que con las restantes aprobadas en el año 2000 y 2001, salvo la de 5 de diciembre de 2001, no se realizaba una adaptación de la ejecución del presupuesto a necesidades no previstas. Es decir, no había déficit de financiación. Por consiguiente, el dinero podría haber llegado al destinatario, sin necesidad haber realizado la modificación presupuestaria. Pero en este caso, se hubiese tenido que tramitar un expediente de subvención, sometido a fiscalización previa; lo que podía obviarse tras la modificación presupuestaria, al utilizar la figura de la transferencia de financiación.

Como presidente del Consejo de Gobierno, Chaves aprobó las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L, que por su cuantía eran competencia del Consejo de Gobierno, hasta su cese en abril del año 2009. También como presidente del Consejo de Gobierno, participó en la aprobación del anteproyecto de presupuestos, y envío del proyecto al Parlamento, desde el ejercicio de 2002 hasta el de 2009. Y por las razones anteriormente expuestas, conociendo que dentro del programa 31L, se consignaba indebidamente la transferencia de financiación al IFA, concepto 440.51, en materia de relaciones laborales.

Por consiguiente, el tribunal concluye que Chaves y también Griñán, así como otros ex altos cargos condenados, eran "plenamente conscientes de la patente y palmaria ilegalidad de los actos en los que participaron". En el caso de Griñán, el tribunal añade que "asumió la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados".

"Gastos ficticios" en el IFA Para el tribunal, el ex presidente Griñán tuvo conocimiento de cómo consignaba la actividad del pago de las ayudas el IFA-IDEA en su presupuesto, y aprobó que figuraran como ingresos, las cantidades recibidas vía transferencia de financiación, del programa 31L, y que se incluyeran dentro del apartado "otros gastos de explotación", para equilibrar las cuentas. "Y ello, a sabiendas de que el IFA-IDEA no tenía gasto alguno, ni realizaba actividad propia con esos ingresos, pues únicamente se limitaba a pagar".

La presupuestación de estos "gastos ficticios", evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda "conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario haber presupuestado los citados gastos ficticios".

Por consiguiente, conocía que la inclusión en los anteproyectos de presupuestos del uso de la transferencia de financiación al IFA, dentro del programa 31L, era con la finalidad de conceder subvenciones por parte de la Consejería de Empleo, siendo el órgano gestor la Dirección General de Trabajo, añade el fallo.

Por consiguiente, sabiendo que las subvenciones eran concedidas por la Consejería de Empleo, era igualmente conocido por la Consejería de Hacienda, que una vez que el Interventor de la Consejería de Empleo había fiscalizado el expediente de Transferencia de Financiación, era "materialmente imposible la fiscalización previa de la concesión de subvenciones, dado que no existía ningún procedimiento que permitiera tramitar otro expediente para dicha concesión, al carecer de crédito presupuestario para ello, por haberse consumido el crédito de Transferencia de Financiación, al realizar el envío de fondos a IFA-IDEA".

Siendo Griñán consejero de Economía y Hacienda, se "siguió haciendo este uso inadecuado de las transferencias de financiación en las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron", incrementando el programa 31L, en lo relativo a las transferencias de financiación al IFA.

Entre estas modificaciones presupuestarias, destacar que acordó elevar al Consejo de Gobierno para su aprobación, la que tuvo lugar en diciembre de 2004, que incrementaba el programa 32H "Servicio Andaluz de Empleo", por importe de 2.994.876 euros. A pesar de que los fines del programa 32H eran ajenos a la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas. Y que, por consiguiente, era ilegal, al ser contraria a la clasificación económica del gasto, dado que los créditos serán vinculantes de acuerdo con dicha clasificación (artículo 38 de la ley General de la hacienda pública de Andalucía), lo que impide su aplicación a fines distintos de los previstos en la misma.

Griñán "tuvo conocimiento de las deficiencias detectadas" a través de los informes del interventor El tribunal explica que Griñán era "destinatario de los informes de Control Financiero Permanente de las empresas públicas, y en particular el del IFA, por lo que "tuvo conocimiento de las deficiencias detectadas en los mismos", entre ellas:

 Imputación presupuestaria inadecuada, no se debe de utilizar el artículo 44 -transferencias al IFA-

 No consta solicitud presentada por los interesados.

 No se acredita la personalidad de las entidades solicitantes-

 No se aporta informe o memoria acreditativa de la finalidad pública, o razones de interés social o económico.

 No se determina el plazo y forma de justificación por el beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la ayuda.

 No se aporta resolución o convenio de concesión de una subvención.

 Se ha omitido la fiscalización previa.

 El Director General de Trabajo y Seguridad Social no tiene delegadas competencias para la concesión de subvenciones excepcionales.

 Y a modo de conclusión se dice: "vistas las anteriores deficiencias se puede concluir que la citada Dirección General ha tramitado subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido".

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