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Anticorrupción pide una vista para solicitar el ingreso en prisión de Fernández, Viera, Guerrero y Márquez
La medida sólo se refiere a estos dos ex consejeros y a los dos ex directores generales de Trabajo, no a los otros seis condenados a penas de cárcel, entre ellos el ex presidente José Antonio Griñán. Antonio Fernández y Javier Guerrero ya estuvieron en prisión provisional al inicio de la instrucción
Jueves 21 de noviembre de 2019, por CGT DELPHI
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La Fiscalía Anticorrupción quiere que cuatro de los 19 ex altos cargos condenados en la sentencia de los ERE ingresen ya en prisión, con independencia de los recursos de casación que se van a presentar contra la sentencia del denominado "procedimiento específico" de los ERE. El Ministerio Público ha pedido al tribunal que fije la comparecencia prevista en el artículo del 505 Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir si deben ingresar en prisión provisional ya los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, y de los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y Juan Márquez.

Antonio Fernández y Javier Guerrero han sido condenados a 7 años y 11 meses de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación, mientras que a José Antonio Viera y a Juan Márquez el tribunal les impuso una condena de siete años y un día, además de otras penas de inhabilitación. Anticorrupción sólo ha socilitado la vista para decidir el ingreso en prisión sobre estos cuatro acusados, aunque en total fueron diez los condenados a penas de cárcel, entre ellos el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que ha sido condenado a seis años de prisión.

La Junta estudia acudir a la vía civil para intentar recuperar el dinero defraudado en los ERE Fuentes del caso han indicado a este periódico que la petición de la Fiscalía de plantear esta medida cautelar tras haberse notificado la sentencia obedece a un criterio establecido en la Fiscalía Anticorrupción cuando se ha producido una condena a determinados años de privación de libertad, como ocurre en este caso. Normalmente con penas de determinada relevancia se pide prisión, como ocurrió por ejemplo en el caso Nóos con el ex duque de Palma Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres, a los que se solicitó el ingreso en prisión eludibles bajo el pago de fianzas de 200.000 y 100.000 euros, respectivamente.

En este caso, la Audiencia de Palma de Mallorca decidió finalmente dejar a ambos en libertad provisional, si bien Urdangarín debía comparecer regularmente en un juzgado de Suiza, donde tenía fijada su residencia. La petición de la Fiscalía en el caso de los condenados de los ERE se centra en los ex altos cargos de la Consejería de Empleo, la que gestionaba las ayudas a través de un "sistema opaco", según la sentencia, que eludía la fiscalización previa de la Intervención mediante el "uso ilegal" de las transferencias de financiación.

Unas penas muy ajustadas a lo que pedía la Fiscalía. Fuente: Audiencia Provincial de Sevilla.

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