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Manuel Chaves justifica el sistema ilegal del caso ERE porque fue para «ayudar» a trabajadores
El expresidente de la Junta de Andalucía asegura que él ya no está en el PSOE y que ha habido un «clima de presunción de culpabilidad» durante el juicio
Viernes 29 de noviembre de 2019, por CGT DELPHI
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El expresidente de la Junta de Andalucía y expresidente del PSOE Manuel Chaves aseguró este viernes que «nunca» fue advertido por la Intervención de una posible ilegalidad o menoscabo de fondos públicos por el procedimiento de ayudas a empresas con dificultades financieras, por lo que considera «injusta» la sentencia de los ERE.

El expresidente de la Junta ha justificado el sistema de ayudas tachado de ilegal por la Justicia porque sería para «ayudar» a trabajadores en momentos de crisis para sus empresas.

En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, dejó claro que respeta pero no comparte la sentencia, que será recurrida por su defensa ante el Tribunal Supremo.

Expresó de forma reiterada su convicción acerca de la legalidad de todas las decisiones que se tomaron en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mientras él fue su presidente, «ninguna decisión se ha tomado ilegalmente», sino con «todos los trámites necesarios y con todos los controles necesarios».

Lo afirma, explicó, porque el Consejo de Gobierno «nunca tuvo una advertencia» por parte de la Intervención acerca de que el procedimiento de ayudas «fuera ilegal o pudiera producir un menoscabo de los fondos públicos».

Explicó, en ese sentido, que el mecanismo para ello es un «informe de actuación» de la Intervención, que «nunca» se produjo, aunque sí hubo otro tipo de informes que llegaron a otros niveles de la administración en los que se decía que el procedimiento podía ser «inadecuado», un término que dista de «ilegal» y que en la Administración, precisó, muchas veces obedece a «discusiones técnicas».

Argumentó, además, que las transferencias de financiación estaban incluidas en las leyes presupuestarias que cada año aprobaba el Parlamento, y que incluso eran enmendadas por los grupos parlamentarios para «aumentar esas partidas». Que durante diez años cientos y cientos de diputados de todos los partidos no se dieran cuenta de esa supuesta ilegalidad «es raro, ¿verdad?», dijo.

Chaves mantuvo que su Consejo de Gobierno tomó la «decisión política» de aprobar esas ayudas, pero el procedimiento concreto por el que se conceden y ejecutan «yo no conozco», y no por negligencia o irresponsabilidad, precisó, sino porque «no tengo que conocerlo» porque corresponde a «otros niveles de la administración».

Reconoció que tiene una responsabilidad «política» que ya asumió en su momento dimitiendo de sus cargos y dejando el PSOE, porque «posiblemente» se equivocó «al elegir personas» o al «vigilar», pero insistió en que en caso de haber sido advertido sobre una posible ilegalidad «hubiera actuado».

Chaves insistió en que más de 6.000 trabajadores que fueron despedidos por el cierre de sus empresas están cobrando esas ayudas. «No hemos robado el dinero de los trabajadores», afirmó, y si en un determinado nivel de la administración se cometieron «abusos» al ejecutar el procedimiento, «que la justicia caiga» sobre quienes lo hayan cometido.

En su opinión, todo el procedimiento ha sido «muy mediático» y ha estado «muy sometido a presiones políticas, mediáticas, sociales», creando un «ambiente de culpabilidad hacia nosotros» del que en ningún momento el procedimiento se ha podido abstraer. Cree que ese ambiente «ha condicionado» el juicio y espera del Tribunal Supremo «que se haga justicia».

Chaves quiso precisar que la sentencia no dice que ningún miembro del PSOE se haya enriquecido, que el partido se haya financiado ilegalmente o que se haya desviado dinero a procesos electorales, y tampoco que hubiera una «red clientelar». Preguntado por si cree que el caso afecta al PSOE reconoció que afecta a personas que formaron parte del partido y es «lógico» que se las identifique con la formación.

Aseguró que comprende que haya quienes hayan marcado distancias por la posible afectación electoral de este caso, y quiso agradecer que desde el PSOE se haya «defendido mi honestidad y la de Pepe Griñán», así como el apoyo y la solidaridad que les han expresado muchos militantes y simpatizantes.

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