CGT Delphi Cádiz
[PORTADA] :: Foros :: Inscribirse/Recibir novedades :: Redacción :: Contactar :: Toda la Web :: Seguir la vida del sitio RSS 2.0
Estás aquí: Portada > NOTICIAS > La Policía ataca a la red de blanqueo que desvió subvenciones del Plan (...)
La Policía ataca a la red de blanqueo que desvió subvenciones del Plan Bahía
Jueves 27 de junio de 2013, por CGT DELPHI
0 comentarios   

La Policía ataca a la red de blanqueo que desvió subvenciones del Plan Bahía Detiene en Madrid a los responsables de sociedades que ingresaron dinero público para la creación de empresas y acabó en paraísos fiscales 27.06.13 - 00:22 - SILVIA TUBIO stubio@lavozdigital.es | CÁDIZ.

La investigación policial se salda con 31 arrestados después de dos años de pesquisas 21 millones en ayudas fueron defraudados y otros 26 habían sido concedidos de forma ilícita El comunicado oficial confirma la imputación de la exconcejala del PSOE en Sanlúcar

La Policía Nacional rompía ayer el silencio impuesto por la jueza de Instrucción nº 4 de Cádiz que había decretado el secreto de las actuaciones e informaba por vez primera de las pesquisas que hace más de dos años llevan desarrollando funcionarios de la UDYCO de Sevilla en torno al fraude de subvenciones públicas que se había cometido entre los años 2008 y 2011. Un pufo ejecutado por empresarios en connivencia con funcionarios de la Diputación de Cádiz y del Ministerio de Industria durante el último Gobierno socialista, tanto en la Institución Provincial como en el departamento gubernamental. El llamado ’caso Bahía’ sacó a la luz cómo se desviaron de forma ilícita 21 millones de ayudas públicas que debían haber sido destinadas para la creación de empresas en la Bahía de Cádiz, dentro del Plan de Reindustrialización nacional que se centra en zonas con elevadas cifras de desempleo como esta parte de la provincia gaditana, la Comarca del Campo de Gibraltar o el Ferrol en Galicia.

Un comunicado oficial remitido por la tarde hacía balance de estos dos años de pesquisas que han acabado con la detención en tres fases distintas de 31 personas. Algunos de los nombres o cargos públicos se han venido conociendo a través de los medios de comunicación como el caso del exgerente del Plan Bahía, Antonio Perales, o el empresario gallego Manuel Alejandro Dávila Ouviña.

La novedad está en la última parte de las pesquisas, que ha supuesto cerrar el círculo, atacando la red de empresas que recibían mediante pagos el dinero público para después desviarlo a paraísos fiscales con el fin de borrar los rastros del dinero.

En esa última fase fueron detenidas el pasado martes ocho personas en Madrid después de que se practicaran cinco registros. Los agentes llegaron hasta una lujosa urbanización donde reside al que consideran cabecilla de este entramado, el cual oficialmente tiene fijada su residencia en un paraíso fiscal: Luxemburgo.

Los primeros atestados policiales a los que ha tenido acceso este periódico señalaban a la familia Arespacochaga -padre e hijo- ejerciendo la batuta de esta parte del entramado. Se prevé que en las próximas horas pasen a disposición judicial estos últimos implicados. El rastreo al dinero

Fuentes judiciales explicaban a LA VOZ que el caso se ha estructurado en tres partes bien diferencias desde que en 2011 el ahora consejero de Justicia, por entonces fiscal de delitos económicos, Emilio Llera, formulara denuncia por la supuesta defraudación de subvenciones que había obtenido el empresario gallego Dávila Ouviña.

El Ministerio de Industria le reclamaría ese año, vía BOE, la devolución de 14 millones de euros que había obtenido en dos convocatorias sucesivas del Plan Reindus (2009-2010), para la implantación de proyectos empresariales en la provincia relacionados con las energías renovables que nunca llegaron a ejecutarse.

La Policía confirmaba ayer que en ese ejercicio -2011- se había autorizado por las administraciones una tercera remesa de ayudas a un conglomerado de empresas que resultó ser un instrumento para captar subvenciones sin ninguna voluntad de generar empleo.

En total, se otorgaron, según cifraba el comunicado oficial, 26 millones de euros que la investigación policial, ya iniciada, posibilitó que no se transfirieran a las cuentas de donde en pocos días salían con destino a otras.

La Sección de Blanqueo de Capitales de la UDYCO de Sevilla indagó en la circulación interna que tenían esas fondos que debieron utilizarse para abrir empresas y crear empleo en Cádiz y comprobaron, como recogen los atestados policiales, que en algunos casos se derivaban a fondos de inversión -al tratarse de millonarias cantidades, el margen de beneficio era muy suculento-; en otras ocasiones hacían pagos a empresas extranjeras ficticias por unos servicios inexistentes.

Una de esas sociedades pantalla y citada en la documentación aportada al procedimiento es Kelos Investments, con sede en Luxemburgo. Para mover tanta cantidad de dinero, esquivando al fisco, la red contaba con un gestor de activos en Suiza que colocaba el dinero, tanto defraudado como generado, a partir del uso ilícito de ayudas en paraíso fiscales.

El daño ocasionado al erario público, por tanto, era doble ya que por un lado se destinaba para el lucro personal subvenciones para la creación de empleo y, por otro, los rendimientos que obtenían burlaban las obligaciones ante la Hacienda Pública.

La fase política Esta tercera y última parte que cierra la investigación policial con la desarticulación del aparato financiero estuvo precedida de la fase política. A principios de año, el PP, con su presidente provincial a la cabeza, Antonio Sanz, desvelaba que cinco responsables del Ministerio de Industria habían sido imputados.

La Policía Nacional lo confirmaba ayer. Fue en octubre cuando «las informaciones obtenidas propiciaron la detención de nueve funcionarios adscritos a la Diputación de Cádiz y al Ministerio de Industria. En ese momento también fueron imputados dos responsables del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación».

La investigación policial concluye que el fraude pudo cometerse durante varios años -en 2008 comenzó la creación de empresas ficticias que solicitarían ayudas a partir del año siguiente- con la necesaria connivencia de estos funcionarios y responsables de organismos que en ese momento controlaba el PSOE.

Entre esos imputados está la exconcejala de Sanlúcar, María José Valencia; la gerente provincial de la agencia Idea, Rosa Mellado.

La fase primera tuvo su fase de explotación en noviembre de 2011 cuando una redada en la localidad natal de Ouviña (O Pobra do Caramiñal, en La Coruña) acababa con 14 detenidos, entre ellos el empresario que había creado la mayoría de las empresas receptoras (medio centenar) de las ayudas. Éste saldría de prisión tras pagar una fianza de 100.000 euros en marzo del año pasado.

Comentar este artículo
Esqueleto "AulaLibre 3.0" desarrollado por   CGT  para SPIP | Con   FIREFOX  nos veremos mejor ;-)
Creative Commons License Los contenidos de este sitio están bajo una licencia de Creative Commons.